Los mecanismos de democracia directa se han integrado de distintas formas a todas las constituciones latinoamericanas en el marco de la discusión de inclusión y ampliación de derechos. Sin duda estos mecanismos que buscan fortalecer la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas son fundamentales, el problema está en el uso —por no decir manipulación— que se hace de los mismos, como se evidenció en la consulta popular del pasado 1 de agosto.
En su eterno afán de mantenerse en campaña el presidente López Obrador encabeza ahora la cruzada por la revocación de mandato; mecanismo de democracia directa a través del cual la ciudadanía, por medio de un proceso de consulta, decide “si se debe o no dejar sin efecto” el mandato del titular de un cargo de elección. Sin embargo, la pregunta planteada para tal efecto por Ricardo Monreal postula lo contrario “¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”. Más allá del manejo político que se dé a la instrucción presidencial y de la evidente prisa que ahora aqueja a algunos de nuestros representantes por sacar una ley secundaria que dejaron en el olvido durante año y medio, hay otros elementos que analizar.
En primer lugar, es importante destacar la experiencia internacional. En América Latina, además de México —sin ley reglamentaria— solo Bolivia, Ecuador, Panamá y Venezuela contemplan la revocación de mandato a nivel nacional, sin embargo, este ejercicio únicamente se ha empleado en Bolivia y Venezuela. En Bolivia se utilizó en 2008 para someter a referéndum revocatorio el mandato de Evo Morales y en Venezuela en 2004 cuando ocurrió lo mismo con el mandato del presidente Hugo Chávez. El talante democrático de ambos gobiernos habla por sí solo.
En segundo lugar, habría que contemplar la viabilidad del ejercicio. Suponiendo que la ley reglamentaria sea expedida en tiempo y forma, para llevarse a cabo no basta la orden presidencial. La revocación debe ser solicitada por la ciudadanía; se requiere contar con la firma del 3 por ciento de la lista nominal, esto es, unas 2 millones 800 mil personas en 17 de las 32 entidades federativas, lo que representa poco menos de la mitad de las personas que acudieron a votar a la consulta del 1 de agosto. Partiendo de experiencias anteriores, no parece fácil.
Finalmente hay que considerar sus alcances. Al igual que en la consulta popular, la ley establece que para ser vinculante se requiere que vote el 40% de la lista nominal. Todo parece indicar que, en caso de realizarse, el resultado favorecerá abrumadoramente la permanencia del presidente, pero no será vinculante. Hay que decir, empero, que lo verdaderamente inquietante sería lo contrario, esto es, que más del 40% de la lista nominal acudiera a votar por la revocación. Claramente no contamos con mecanismos institucionales para hacer frente a ese escenario.
Afortunadamente el presidente no está buscando someterse a una consulta de revocación; ese es el prejuicio. López Obrador quiere que se ratifique su permanencia en el cargo; de nuevo azuza a sus seguidores para que lo apoyen en un concurso de popularidad. Sabemos que lo harán sin chistar. A casi tres años de asumir el poder ¿no será ya tiempo de dejar atrás la campaña y empezar a gobernar? Es pregunta.
