La consulta de revocación de mandato, del pasado 10 de abril, se caracterizó por la flagrante violación a la ley por parte del presidente, secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados, asambleístas, servidores públicos y dirigentes partidistas, quienes abiertamente se dedicaron a promover el voto a favor de AMLO y hasta el acarreo de votantes.
El 4 de marzo el Presidente se reunió con los gobernadores de Morena y acordaron las metas de votos, que la mayoría de gobernadores incumplió. Otra ilegalidad fue la tramposa modificación de la ley que permitió a servidores públicos involucrarse como promotores del voto, sin que esto haya sido determinante: lograron 17 de los 37 millones de votos necesarios para que fuera vinculante.
Gracias a los Comités de Defensa de la 4T y a la estructura de Ciervos de la Nación —que cobran en la Secretaría del Bienestar, pero trabajan para Morena—, el uso de los programas sociales con fines electorales, fue prometedor: la participación de los beneficiarios (muchos de ellos amenazados con perder los recursos si no participaban), subió del 33%, en la elección de 2021, al 58% en esta consulta (casi 9 millones, de los 25 millones que integran el padrón de beneficiarios). El resto de los votantes (42%), fueron militantes y simpatizantes de Morena.
Queda pendiente identificar el origen (público o privado) de los recursos gastados ilegalmente en espectaculares, mantas, volantes, la contratación de equipos de campaña que recorrieron municipios, colonias y poblaciones promoviendo el voto, y la logística de acarreo, el día de la elección, en diversos estados de la república, al margen del INE.
Para los morenistas este ejercicio sirvió, de cara al 2024, para evaluar los puntos positivos de su actuación y para detectar sus puntos débiles en la geografía electoral. La Ciudad de México, bastión tradicional de la izquierda, cayó al lugar 11, a nivel nacional: lograron el 50% de los 3 millones de votos ofrecidos, pero con el porcentaje de votos de rechazo más alto del país.
Hoy saben que la verdadera oposición está en la sociedad, no en los partidos políticos, que siguen siendo vulnerables mientras mantengan en sus filas a impresentables.
Para los observadores políticos, esta serie de irregularidades tienen como propósito confrontar a las autoridades electorales, debilitarlas en su credibilidad y capacidad de sancionar, al no haber instancias gubernamentales que castiguen a los infractores. Está claro que a AMLO le estorba la autonomía del INE, por lo que buscará un INE a modo, como el Congreso y el Poder Judicial. Sin embargo, la eficacia del INE fue tal que, pese a las restricciones presupuestales impuestas por el presidente, logró que éste reconociera la certidumbre de sus resultados.
Preocupa la intolerancia y el autoritarismo del ala radical de Morena, entre ellos de Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien a partir de una sesgada interpretación de la ley amenazó al 82% de los ciudadanos que no votaron (76 millones de personas), con posibles sanciones, como la suspensión de sus derechos ciudadanos durante un año, pese a que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no establece sanciones por no votar; y culpó al INE por los resultados.
Así, la madre de todas las batallas será por quitar la autonomía al INE, y tener consejeros a modo que avalen las tropelías de la 4T.
Periodista y maestro
en seguridad naciona
