Los problemas sociales y políticos por los que atraviesa nuestro país deben ser necesariamente tratados a través del Derecho —que no de la ley— cuya máxima aspiración de aquel es la justicia, en el que las instituciones procesen los conflictos con pleno apego a las reglas democráticas y jurídicas para generar gobernabilidad.

En ese tenor, las instituciones que en estos momentos aciagos de la vida política pueden aportar a encauzar los conflictos por el camino correcto son los juzgados y tribunales federales como instancias terminales judiciales, así como el Instituto de la Judicatura y el Instituto de la Defensoría, todos ellos administrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual fue creado mediante la reforma constitucional de 1996.

El Consejo es el órgano de dirección, vigilancia, administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Derecho comparado encontramos figuras similares en América Latina y Europa con los llamados Consejos de la Magistratura; en España, por ejemplo, el Consejo tiene autonomía constitucional. En dichos países se ha impulsado una reforma profunda al sistema judicial: juicios orales, mecanismos de derecho procesal constitucional, transparencia, indicadores de gestión, etc.

En México, el Consejo administra a los órganos jurisdiccionales federales, esto es con datos de transparencia, a 716 unidades (juzgados y tribunales); desde 1996 ha impuesto 1,045 sanciones desde una amonestación privada hasta destituciones pasando por sanciones económicas, cuando los servidores públicos judiciales se apartan de los principios rectores de la función judicial como la legalidad, imparcialidad o independencia, por ejemplo los casos muy sonados de Nuevo León en los que algunos jueces fueron investigados por tener nexos impropios con casinos.

Un tema de suma importancia es el relativo a la carrera judicial; a diferencia del pasado, ahora para ser titular de un juzgado o magistrado federal se requiere participar en concursos, en ellos se evalúan factores como antigüedad, cursos de capacitación recibidos e impartidos, cargos ocupados en el Poder Judicial; se realiza un examen en el que se miden conocimientos teóricos y prácticos, todo ello a través de un órgano auxiliar denominado Instituto de la Judicatura Federal. Esta es una de las funciones más importantes del Consejo, pues se trata de preparar y designar a las mejores personas para la impartición de justicia federal, con todo lo que ello implica: la última palabra cuando la justicia ordinaria “falló”.

El Consejo de la Judicatura Federal tiene al día de hoy una tarea constitucional que puede sumar, sin duda alguna, a la mejora de las condiciones sociales del país. En esta crisis que se tiene y se vive, lejos de linchar a las instituciones debemos coadyuvar a que éstas realicen mejor su misión; en el caso del Consejo puede articular diversos planes y programas en el Instituto de la Judicatura para formar más y mejores jueces, capacitar a los actuales y reconocer a los grandes jueces que han dado su vida al interior de la Judicatura Federal; de igual forma, el Instituto de la Defensoría Pública tiene la gran encomienda de darle vigencia y plenitud al acceso a la justicia como derecho fundamental de los menos favorecidos.

Cabe mencionar que el Consejo de la Judicatura Federal hoy tiene una nueva integración, se han incorporado dos consejeras mujeres de gran trayectoria académica y jurisdiccional, lo que viene muy bien, cuenta habida que la gran mayoría de las integraciones históricamente de este órgano eran de hombres, la visión y el conocimiento de las nuevas magistradas sin duda traerá nuevo bríos al Consejo, máxime en un país en el que se necesitan de instituciones sólidas.

Existen grandes retos, discrepo de quienes en este espacio afirman que la crisis del país se resuelve aplicando la ley y sólo la ley, ese ya es un esquema de pensamiento anquilosado, necesitamos del Derecho y su razón jurídica en una relación de coordinación, multidisciplinariedad y transversalidad de las políticas públicas judiciales.

El Consejo debe ser el garante y el guardián de las promesas constitucionales para que los jueces y magistrados a lo largo y ancho de este país desarrollen su función con valor, disciplina, ciencia, con visión de los problemas sociales, generando con ello condiciones de gobernabilidad en un entorno que se antoja complejo.

Finalmente, habrá que estar atentos al nuevo relevo en la presidencia del máximo tribunal del país.

Doctor en derecho