De ahí que militantes de los partidos se arriesguen a cometer cualquier falta, frente a la posibilidad de no ser sancionados y si acaso lo hace la autoridad electoral, las multas son risibles. De ahí no pasa. Por esa razón el presidente de la República, constantemente viola las normas electorales sin mayores consecuencias.
La semana que concluyó fueron sancionados por el TEPJF Morena y su dirigente Mario Delgado. Al igual que varios gobernadores y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien hace campaña adelantada. Multaron con 48 mil 110 pesos a Morena; para Mario la multa fue 28,866 pesos. No respetaron la “veda electoral” que impedía realizar promoción del único contendiente; todos aplaudieron las acciones del gobierno de Andrés López Obrador, abusaron de las redes sociales, incluso pagaron un desplegado impreso ¿Y los delitos electorales? Esos no trascienden, la FEPADE: bajo el control de quienes violan las normas penales.
Las sanciones tienen su origen en la publicidad o promoción del presidente López y el “acarreo de votantes” que realizaron los actores antes y durante la jornada de la “ratificación de mandato”. En los procesos electorales que se llevan a cabo en los estados de Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo, sucede lo mismo; funcionarios de la 4T se trasladan hasta esos estados para hacer promoción política en favor de los candidatos de sus partidos. Nada pasa, como sucedió en los procesos electorales del 2021. Incluso miembros de la delincuencia participan directamente para hacer ganar a sus candidatos, a otros simplemente los asesinan o los obligan a renunciar a la candidatura. Vivimos tiempos de excesos. Sin consecuencias en México. Incluso el presidente de la República ordena a las Fuerzas Armadas proteger a los delincuentes por el hecho de ser personas, mientras aquellos sí pueden asesinar y participar en todo aquello que les resulte lucrativo; para que la delincuencia organizada actúe con mayor libertad, el gobierno dificulta la colaboración de la DEA en México.
Bajo este terrible escenario de impunidad y protección a la delincuencia se desarrollarán los procesos electorales del Congreso de la Unión, de la Presidencia de la República, varias gubernaturas y diputaciones locales en el 2024. Peligra la democracia mexicana. Cambios en el INE el año próximo. Y López Obrador dinamita las instituciones electorales para conservar, aumentar y endurecer su poder.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
