Resulta de gran relevancia el Tercer Informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre la masacre y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa ocurrida durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

En mayo de 2020, el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que depende el GIEI, acordaron reinstalar los trabajos de investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos, como parte del compromiso dispuesto en el “Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y acceso a la justicia”, emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 4 de diciembre de 2018.

Dos son las revelaciones importantes del Tercer Informe del GIEI. La primera está relacionada con el acceso a documentos por el grupo de expertos en los que se confirma lo que se ya se sabía desde hace siete años, pero no se contaba con pruebas oficiales para sostener los hallazgos declarados.

Los documentos muestran que la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó dos operaciones de seguimiento a los normalistas días previos a su desaparición. Y, pese a saber que iban a ser atacados, no hicieron nada para impedirlo.

Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, señala que el contenido de los documentos indica que “autoridades en aquel momento contaban con información minuto a minuto porque, según los hallazgos que hemos tenido, los mismos estudiantes que iban en los autobuses estaban infiltrados, había agentes de inteligencia, lo que llaman los documentos militares fachada de estudiante, que estaban en los autobuses y que seguramente estaban informando sobre lo que acontecía”.

La segunda revelación exhibe la participación de la Secretaría de Marina en la edificación de la supuesta “verdad histórica”, sostenida por Jesús Murillo Karam, en la que se afirmaba que los estudiantes habían sido secuestrados por miembros del narcotráfico, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al Río San Juan.

El GIEI muestra un video en el que se observa que miembros de la Marina, acompañados por personal de la Procuraduría General de la República, manipularon pruebas en el basurero de Cocula, seis horas antes de que se llevaran a cabo las diligencias por parte de los familiares de los desaparecidos.

A siete años de esta terrible tragedia, hoy contamos con información oficial que delata la participación de los tres niveles de gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina. Pero aún se desconoce por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto no hizo nada para detener esta masacre, aun teniendo conocimiento de lo que estaba por suceder.

Esperemos que el alcance de la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador para mantener abierto este caso logre llegar hasta el final y hacer justicia. Marcaría un antes y un después de los deleznables actos de impunidad y corrupción que estructuran la historia de nuestro país.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale