Registro nacional para la inclusión

Lilia Merodio Reza

Hay avances importantes en materia de inclusión social, pero debemos seguir impulsando lo necesario para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad constituyen un grupo vulnerable que se enfrenta a situaciones de discriminación y exclusión social y laboral. Se estima que existen más de 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad, cifra que representa más del 5% de la población. De allí la necesidad de construir los espacios y generar las condiciones idóneas para que estas personas posean una mejor calidad de vida.

Una de las acciones trascendentes en la materia es la creación de un Registro Nacional de Población con Discapacidad, que atiende la problemática y que indudablemente fortalecerá los mecanismos con los que contamos para garantizarl el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Las ventajas del registro serán diversas: por un lado, las políticas públicas estarán mejor focalizadas al permitir conocer qué tipo de discapacidad padece la población y en dónde se encuentra; de esta forma se atenderán más cercanamente cuáles sus necesidades fundamentales. Por otro lado, un registro nacional de este tipo coadyuvará en integración de las personas con alguna discapacidad al sector productivo.

Se estima que sólo un millón 599 mil personas con discapacidad están integradan a la población económicamente activa, además de que se enfrentan a situaciones laborales difíciles, como la falta de oportunidades o espacios inadecuados. Por citar un ejemplo, y con base en el Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, en el ingreso laboral por hora trabajada existen grandes diferencias entre personas con y sin discapacidad. Las personas sin discapacidad ganan más en cada categoría: en subordinados formales 2%, en subordinados informales 23%, en cuenta propia 107% y en patrones o empleadores 33% más.

En México se han llevado a cabo otras acciones para garantizar a la población con discapacidad la igualdad de oportunidades y derechos. El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018 constituye el primer programa especial dirigido a la inclusión laboral de personas con algún tipo de discapacidad, así como la nueva Política Nacional de Vivienda, que ofrece más créditos y subsidios para que puedan comprar, construir o adaptar su casa.

Hay avances importantes en materia de inclusión social, pero debemos seguir impulsando lo necesario para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Instrumentar políticas públicas y eliminar las prácticas discriminatorias en contra de este sector son elementos fundamentales para consolidar una sociedad más inclusiva.

Senadora

Comentarios