La reciente celebración del 106 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da pauta para reflexionar sobre el Plan B con el que el presidente López Obrador pretende modificar de manera radical algunos elementos importantes de nuestro sistema electoral, un sistema —no hay que obviarlo— que se construyó paso a paso en el marco de un lento y complejo proceso de cambio político producto de la negociación entre el gobierno en turno y las oposiciones. Esto último es de vital importancia ya que, a pesar de la naturaleza autoritaria del régimen, no implicó la imposición de una sola fuerza política sobre el resto de sus adversarios. En las negociaciones —está documentado— todas las fuerzas políticas tuvieron la oportunidad de hacer propuestas y, en muchas ocasiones, aceptar las que provenían de otros partidos. Por ello, se tomaron decisiones que permitieron “blindar” el sistema electoral.
Los elementos fundamentales del sistema electoral mexicano se encuentran en la Constitución; misma que requiere de un amplio consenso político para su modificación. No es casual que las más importantes reformas políticas y electorales se produjeron luego de que el antiguo partido hegemónico perdió la mayoría calificada en, por lo menos, una de las cámaras del Congreso de la Unión. Los reformadores, además, decidieron establecer —por mandato constitucional— los principios que deben orientar la actuación de las autoridades electorales y la de todos los actores involucrados en los comicios. Asimismo, la Constitución establece que el INE “será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional […]”, por ello, se le dotó (y ahora también a los OPLEs) de un Servicio Profesional Electoral Nacional lo que garantiza, a partir de una estructura distribuida a lo largo de todo el país, que las elecciones sean equitativas y permitan la alternancia de diversas fuerzas políticas en el poder. Evidentemente se trata de uno de los componentes fundamentales de nuestra democracia.
El Plan A de la reforma político-electoral del presidente no logró que ninguna de las fuerzas opositoras lo apoyara. En consecuencia, ordenó la conformación de reformas a 6 ordenamientos electorales que modifican sustancialmente el sistema electoral; lo denominó Plan B y su secretario de Gobernación se encargó de difundir la idea de que el objetivo es “destazar” al INE. Es una iniciativa que cambia la estructura organizativa de la institución y reduce el servicio profesional electoral a una mínima expresión. Esto, además de ser anticonstitucional, le impedirá a la autoridad electoral organizar los comicios con la imparcialidad y calidad que había logrado.
Todo parece indicar que en estos días el Senado de la República terminará de realizar el trabajo legislativo por medio del cual se aprobarán las mencionadas reformas, ya que las leyes secundarias únicamente requieren de mayoría simple para su aprobación y Morena y sus aliados (PT y PVEM) la alcanzan en ambas cámaras. La consigna, bajo un falaz argumento presupuestal, es poner en jaque nuestra democracia.
Como se ha anticipado, la constiucionalidad terminará por resolverse en la Superema Corte de Justicia de la Nación. Importante y delicada misión le corresponderá a las y los 11 ministros que conforman el pleno de la Corte. Muchas y muchos ciudadanos estaremos vigilantes.
Twitter: @maeggleton
