La siguiente cruzada del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y su escudero, el subsecretario Gabriel Yorio, es la reforma fiscal cuyos primeros borradores ya comenzaron a elaborarse.

Se trata de una cruzada no solo porque tiene un costo político que deberá asumir el presidente Andrés Manuel López Obrador –y en general su gobierno–, sino porque al interior del gabinete, en la propia Secretaría de Hacienda, hay visiones encontradas.

La ruda fiscal de hierro, Raquel Buenrostro, quien llegó al SAT hace un par de meses tras la salida de Margarita Ríos-Farjat, no solo trae la espada desenvainada en contra de los grandes contribuyentes (las empresas), sino que quiere “imponer su ley” en todo lo posible.

“No habrá reforma fiscal”, dijo Buenrostro, con su semblante adusto, el 7 de febrero pasado durante un mensaje a sus colaboradores. “Existe mucho margen para ampliar la recaudación fiscal en el país, por lo que no es necesaria una reforma al marco vigente para que el Estado mexicano cuente con más recursos”, explicó.

La declaración de la flamante jefa del SAT contradice lo que ha dicho el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y lo que pensaba su antecesora, Margarita Ríos-Farjat, sobre la imperiosa necesidad de una reforma fiscal que aumente la base de contribuyentes. Incluso contradice lo que, en un principio, promovió Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la reforma tributaria se haría en la segunda mitad del sexenio.

Con lo que no choca la declaración de Buenrostro es con lo que reveló el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a la revista Proceso en julio del año pasado tras su estridente renuncia. “El Presidente no quiere hacer una reforma fiscal. Yo sí, porque creo que es la única manera de abatir desigualdades. No sé por qué no quiere hacerlo. Quizás por no enfrentarse a algunos empresarios, quizás por el costo electoral”, dijo Urzúa.

El secretario Herrera dijo en agosto de 2019 que en enero del presente año comenzaría a discutirse la reforma fiscal de mitad de sexenio, bajo las premisas de que se recaude más y que sea de forma más equitativa.

La urgencia del hombre que dicta la política económica del país venía precedida de los malos resultados económicos generados por una narrativa presidencial ‘hostil’ hacia la inversión privada, así como por la concentración y el retraso de las compras gubernamentales, precisamente cuando Buenrostro estaba al frente de la Oficialía Mayor de Hacienda.

“La política tributaria, que define los impuestos y las tasas que se cobran, es propuesta por Hacienda, mientras que la recaudación le toca al SAT. Cuando se piensa en una reforma fiscal generalmente se piensa en lo primero”, me dijo Herrera el martes.

Ayer Gabriel Yorio terminó de ponerle el cascabel al gato. Dijo que Hacienda planea una reforma fiscal para que el país mejore la recaudación y amplíe la base tributaria. Una reforma fiscal como la estamos pensando no incluye incremento de impuestos, lo que incluye es ampliar la base, ser más eficientes y podríamos revisar la estructura de algunos impuestos para hacerla más progresiva, es decir, que tenga un principio de equidad”. 
México tienen una recaudación fiscal del 16% de PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 34%.

Hay dos formas de tratar de igualar a la media del llamado “club de los países ricos”: una es ampliando la base con impuestos impopulares como el IVA a alimentos y medicinas, para incluir a la economía informal; y otra es haciendo que los grandes contribuyentes (los corporativos y los millonarios) paguen más vía menores formas de deducir impuestos o con nuevos gravámenes como el que se cocina para las herencias. 
Raquel Buenrostro ya escogió su camino; Herrera y Yorio tienen el suyo. ¿Qué elegirá el Presidente?

Guatemala reclama a empresarios mexicanos

Una triada de empresarios mexicanos son buscados por la justicia guatemalteca y salvadoreña debido a un presunto fraude y corrupción en la venta de sistemas informáticos. Se trata de Carlos Castilla Martínez, Enrique Octavio Jiménez Rosas y Eduardo Graniello Pérez –‘El Guayo–, relacionados a la empresa Intellego, con base en Monterrey, Nuevo León.

Uno de ellos, Carlos Castilla Martínez, quien tenía una ficha roja de la Interpol, fue detenido en enero por la Policía Nacional Civil de Guatemala, acusado de estar implicado en el caso de corrupción por la contratación de un sistema informático para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Según el expediente del procedimiento de extradición 8/2020 radicado en un Juzgado Federal, a cargo de Alberto Torres Villanueva, los otros empresarios mexicanos que son reclamados por la justicia guatemalteca y salvadoreña son Enrique Octavio Jiménez Rosas y Eduardo Graniello Pérez, a quienes se les imputan presuntos delitos de fraude, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Intellego se oferta como “una joven empresa mexicana respaldada por los años de experiencia y conocimiento, estratégicamente ubicados en Monterrey, Nuevo León, para mantener una ágil logística y servicio en México y Centroamérica, de la mano de nuestros proveedores en Estados Unidos.”

En México también tiene procesos legales abiertos.

Isolux, tras el Tren Maya

Una de las empresas extranjeras que busca participar en la adjudicación de contratos para la construcción del Tren Maya es la española Isolux, al mando de Roberto López. Esta firma, sin embargo, no ha estado exenta de escándalos de corrupción en México, África y Sudamérica.

La empresa, además, está en problemas financieros, luego de que en 2018 se declaró en concurso mercantil por una deuda de mil 270 millones de euros.

Por si fuera poco, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra firmas españolas, tras una publicación crítica del diario El País a su forma de gobernar.

Isolux es una empresa ligada a los sexenios pasados en donde dependencias como la CFE, Pemex y la STC le otorgaban contratos multimillonarios. De 2006 a 2018 obtuvo más de 11 mil 700 millones de pesos, según datos de Compranet.

Monreal defiende el outsourcing

La Junta de Coordinación Política en el Senado, que encabeza Ricardo Monreal, nuevamente tomó el control del dictamen que dará un nuevo marco normativo a la subcontratación laboral, desplazando al bando de los rudos que encabezan Napoleón Gómez Urrutia, Martí Batres y Germán Martínez, quienes pretenden tipificar la mayoría de los esquemas de outsourcing como delincuencia organizada y cobrar retroactivamente los impuestos deducidos.

Con el apoyo de los coordinadores parlamentarios, Monreal convocó a mesas de trabajo en el Senado a partir del próximo lunes para tener una visión que incluya a todas las partes y que no satanice un esquema laboral que funciona en el mundo, genera empleos y, legalmente aplicado, estimula la inversión privada.