Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, motivo por el cual pudimos observar en distintas dependencias públicas de los 3 poderes de la unión, en sus diferentes órdenes, distintivos y publicidad alusiva al tema, todo vestido por el color naranja como representación de un futuro brillante y optimista.
Algunas feministas nos recordaron sobre la precisión de la fecha y han remarcado que no es un festejo, pues no hay nada que festejar, ya que la violencia contra el sector femenino continúa hasta nuestros días. Por lo anterior, lo correcto al referirse a la fecha es hablar de conmemoración, ya que se recuerda un acontecimiento, lamentable, acontecido en los años sesenta.
A partir de la adopción de convenciones internacionales protectoras de los derechos humanos de las mujeres, fue que el marco normativo interno en México paulatinamente ha adoptado criterios tanto para formular leyes, como para diseñar políticas públicas e impartir justicia con perspectiva de género; el ámbito electoral no ha sido la excepción.
Si hacemos un poco de memoria y recordamos el inicio del proceso electoral 2020-2021 podemos identificar que, por estas fechas del año pasado, el Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo por el que definió aplicar el principio de paridad en las candidaturas a las gubernaturas de los estados en disputa en ese momento. Derivado de lo anterior, 6 mujeres lograron acceder a la máxima titularidad estatal en sus entidades federativas.
La adopción de criterios de paridad en la selección de candidaturas es una acción afirmativa que poco a poco cumplirá su objetivo, sin embargo, como toda acción afirmativa no es una medida que deba prevalecer en todo momento, pues la característica de toda acción afirmativa es su temporalidad eventual, mientras el fenómeno que busca corregir se equilibra o erradica de plano.
Este año se ha dado inicio a otro proceso electoral en 6 estados, donde se renovarán principalmente las gubernaturas. De ahí que, más allá del cálculo político en las dirigencias de los partidos, es menester que el órgano electoral fije desde un inicio las reglas de paridad para evitar conflictos electorales y post electorales. Y lo más importante, hacer valer la paridad sin atentar contra otro principio importante, el principio de certeza jurídica de toda persona que ha quedado debidamente registrada ante los órganos electorales. Sí a la paridad, sí a la erradicación de la violencia política en razón de género, pero no de forma apresurada ni distorsionada.
Twitter: carlosfcps FB: Carlos Velázquez
