¿Quién controla a los controladores?

Arturo Sarukhan

En los meses previos a las elecciones estadounidenses de noviembre, la plataforma de red social Parler buscaba atraer a nuevos usuarios al prometer la libertad de expresión sin restricciones. “Si puedes decirlo en las calles de Nueva York”, afirmaba su director ejecutivo, “puedes decirlo en Parler”. Hoy, con el trasfondo del reciente cierre de las cuentas en redes sociales de Donald Trump, la defensa sin contexto o matiz alguno que hiciera de él el presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestras elecciones intermedias de junio en el horizonte, el congreso mexicano ha decidido dar un paso adelante en el tenso equilibro entre las grandes plataformas digitales y la capacidad de los Estados para regular los puntos ciegos del internet. El objetivo oficial es “la protección de la libertad de expresión en las redes sociales”, aunque juristas y organizaciones de la sociedad civil subrayan el deficiente diseño legal de una iniciativa exprés, sin debate y consulta previa con especialistas y ONG nacionales e internacionales, de difícil aplicación y que podría precisamente cercenar libertades en redes sociales.

Por ello, vale la pena rescatar algunas de las aristas más relevantes de este debate que arranca ahora en México, pero que en Estados Unidos y Europa llevaba ya tiempo en cocción antes de la decisión de quitarle el megáfono a un mandatario que se dedicó a propalar mentiras y desinformación durante cuatro años y que atizó el ataque de una turba sediciosa contra la democracia y sus instituciones. Como escribió el novelista nigeriano Ben Okri, “para envenenar a una nación, hay que envenenar sus historias.”

Desde hace tiempo, EE.UU ha tratado de ajustar su legislación para que las compañías tecnológicas se hagan responsables por los contenidos publicados en sus redes. Durante más de un lustro, pero sobre todo a partir de la campaña del Brexit y la presidencial de 2016, las plataformas digitales invocaron el valor de la libertad de expresión a la vez que permitían que la desinformación y la incitación a la polarización social y política pulularan en el país y en otras partes del mundo. En EE.UU, la Primera Enmienda constitucional protege a la ciudadanía contra cualquier ataque a su libertad de expresión, pero -y a contrapelo de las aseveraciones del Presidente López Obrador- la Corte Suprema también ha considerado que esa enmienda permite a los actores privados moderar como les plazca sus espacios de debate y discusión. Efectivamente, hasta ahora uno de los paradigmas de plataformas como Facebook y Twitter había sido la de no interferir con el contenido difundido por los actores políticos por considerarlo demasiado importante para el discurso público, lo que se traducía en que usuarios de alto perfil -como el presidente- gozaban de más latitud que otros usuarios. Pero hoy las plataformas están atravesando una crisis de legitimidad; la decisión de retirarle la plataforma a un presidente elegido democráticamente ha puesto de manifiesto como nunca antes -y por más que lo hayamos celebrado muchos de nosotros- las contradicciones en la esencia de las redes sociales, las cuales enfrentan un momento potencial de ajuste de cuentas.

Que se requiere algún tipo de regulación o autorregulación en las redes sociales, lo sabemos todos. Hay un riesgo evidente en la difusión indiscriminada de información falsa y en la utilización de las plataformas para polarizar e instigar a la intolerancia, el hostigamiento, el linchamiento y la violencia. Pero el problema esencial que plantean estas plataformas es uno de escala. Tenemos muchas otras empresas privadas que curan la información que brindan al público; llevan nombres como The New York Times o The Wall Street Journal -o el de este mismo periódico. Pero todavía operan en un mercado relativamente descentralizado y competitivo y ninguno de ellos tiene el poder por sí solo para, digamos, determinar el resultado de una elección. En los años cincuenta y sesenta, con las tres televisoras que existían en aquel momento, Estados Unidos consideró legítimo regular la forma en que aquellas cubrían los eventos políticos, a través de licencias y la Doctrina de Equidad de la FCC. Hoy quizá sería apropiado regular las plataformas digitales de red social de manera similar porque ocupan una posición oligopólica parecida a la de entonces, pero lamentablemente EE.UU está hoy demasiado polarizado como para poder llegar a un acuerdo sobre lo que constituye una cobertura “justa y equilibrada”. De ahí parte el debate sobre otro tipo de controles. Hacer que la industria sea más competitiva ayudaría al diluir la influencia de empresas individuales y a estimular nuevos modelos de negocios que no dependan de algoritmos virales. Pero en ausencia de más competencia o de acciones para forzar el desmembramiento de esos oligopolios, el debate se ha centrado en qué pasos podrían tomar las empresas de tecnología para generar confianza pública en sus políticas de contenido, y qué nivel de maniobra regulatoria se requiere para que cumplan sus promesas. Una mejora, según muchas voces, sería una delimitación más clara de las reglas que las plataformas usan para monitorear el discurso político, junto con su aplicación más consistente. Pero esa consistencia nunca será fácil. La regulación del lenguaje es inherentemente subjetiva. Después de haberse hecho de la vista gorda ante el uso reiterado y repetitivo de exactamente la misma narrativa y lenguaje durante semanas, sin no es que años, fue solo cuando las patrañas sobre el supuesto fraude de las elecciones se transformaron en un asalto violento al corazón de la gobernanza de EE.UU que las empresas digitales decidieron finalmente reaccionar.

Por tanto, se necesita de otra solución a este problema que no sea depender de la autorregulación y las buenas intenciones de los individuos que controlan estas empresas. La idea de que las autoridades deben responder al asalto al Capitolio regulando el discurso de odio ha sido ampliamente descartada en los EE.UU, donde los derechos de la Primera Enmienda están celosamente protegidos. Mientras tanto, la ley de servicios digitales propuesta por la Unión Europea intenta imponer controles similares a las empresas de internet y requeriría que las grandes empresas tecnológicas hicieran más para combatir el discurso de odio. Pero Bruselas también quiere que refuercen la libertad de expresión, creando una tensión entre los dos objetivos que puede ser difícil de resolver. Quedan dos años de negociaciones antes de que esas propuestas se conviertan en ley. Otra idea que ha ganado un apoyo más amplio implicaría la supervisión externa de las decisiones más controvertidas de las empresas. Y aunque estoy de acuerdo en que el modelo actual de presión de la sociedad civil sobre las empresas de tecnología no es una solución sostenible, sigue siendo una pieza vital del rompecabezas para garantizar que estas empresas tengan en cuenta un conjunto diverso de puntos de vista en su formulación de políticas.

En México, el acceso a internet es un derecho garantizado por la Constitución, no un bien público bajo tutela del Estado. Como ha señalado la ONG de defensa de la prensa Article 19, el “Internet no está ni debe estar sujeto a ser colonizado por el Estado, a diferencia de la radio y la televisión, donde por concesiones, colusiones y publicidad oficial hay un ejercicio de control hacia estos medios tradicionales.” Y las disposiciones contempladas en el borrador de iniciativa de ley en el Senado mexicano, particularmente la necesidad de obtener una autorización para la operación de las denominadas redes relevantes y los mecanismos para su regulación, podrían atentar contra lo establecido en el TMEC en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital y el énfasis en la autorregulación por parte del sector privado (Artículos 19.17 y 19.14, respectivamente).

En última instancia, ninguna solución que se dé al vapor y que no sea integral será suficiente. Necesitamos interoperabilidad, transparencia, una mejor formulación de políticas y prácticas de moderación de contenido más responsables, con pesos y contrapesos en las empresas y ante los gobiernos, así como la voluntad de legisladores para abordar las condiciones sociales y políticas que nos metieron en este lío en primer lugar. Si no, las acciones que tomemos no serán más que una curita para los problemas que nos aquejan, y la medicina podría ser peor que la enfermedad. Ninguna democracia puede confiar en las buenas intenciones de los que detentan el poder para protegerse a largo plazo. Es imperativo que participemos en un diálogo global sobre el papel apropiado de las plataformas con fines de lucro en determinar el tenor y contenido de nuestro discurso público. Y aunque la regulación es tentadora, no puedo imaginarme depositando mi confianza solamente en el gobierno para tomar estas decisiones, no más de lo que lo haría en Mark Zuckerberg. Del resultado de este debate dependerá la calidad de mucha de la información que consumimos y, con ella, la salud de nuestras democracias y nuestros contratos sociales.

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