En medio de la peor crisis que haya vivido el Sistema de Transporte Colectivo Metro en sus 51 años de historia, con sus tres líneas más importantes fuera de servicio por el incendio ocurrido el sábado en su Centro de Control 1, las afectaciones a la movilidad y el transporte de los millones de capitalinos y habitantes de las zonas conurbadas que cada día se mueven en este medio, amenazan con desbordarse y generar una crisis social y política para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tan delicado ven el tema y sus repercusiones sociales y hasta electorales en año de comicios, que desde Palacio Nacional, allegados al presidente López Obrador ya han deslizado a la Jefa de Gobierno que considere aceptar la renuncia de la directora del Metro, Florencia Serranía, luego de su cuestionable actuación y declaraciones en medio de esta crisis.

En la reunión de la Mesa de Seguridad del lunes en Palacio Nacional, a la que asiste Claudia Sheinbaum, la crisis del Metro fue uno de los temas y, en presencia del presidente, hubo funcionarios del gabinete federal que sugirieron que la atención de la emergencia en el transporte ameritaba “decisiones drásticas” entre las que mencionaron un posible relevo de la directora de ese sistema luego de sus polémicas declaraciones en las que, horas después del incendio, trató de rehuir su responsabilidad diciendo: “Yo sólo soy la directora del Metro”. Los comentarios sobre el tema en la reunión de gabinete fueron sobre atacar con todo el problema y no permitir que se desbordara por los riesgos sociales que representa el tema de la movilidad.

Sin embargo, la reacción de Claudia Sheinbaum, según fuentes de Palacio Nacional, fue negarse a pedirle la renuncia a su directora del Metro a la que pidió “dar tiempo” para resolver la crisis y esperar a que se conozcan los resultados de los peritajes y la investigación que determinarán las causas del incendio. Hoy que tres de las líneas paradas por la conflagración, cuyas causas aún no son explicadas, han vuelto a funcionar y que se anuncia para fin de este mes el regreso de la estratégica Línea 1, sin que se sepa aún cuándo se reanudaría el servicio en las Líneas 2 y 3, también de las más transitadas y que más pasajeros movilizan, la prioridad número uno que la Jefa de Gobierno le ha marcado a su gabinete, además de la emergencia del Covid en la Ciudad de México, es atender la demanda de transporte en las estaciones cerradas y concentrar en eso “todos los recursos” para que la situación no se desborde.

Lamentablemente para el gobierno capitalino esta semana se ha vuelto un auténtico coctel explosivo en la ciudad: a la situación crítica de la pandemia con su Semáforo Rojo y aumento de hospitalizaciones, contagios y muertes, se suma ahora la crisis del transporte que se alargará durante varias semanas más y, para colmo, ahora una rebelión de restauranteros y empleados de los restaurantes que con protestas, aperturas en medio de la emergencia y cacerolazos diarios en la ciudad, están presionando para una reapertura de sus establecimientos antes de que se mueran los negocios y se pierdan millones de empleos de meseros, cocineros, barmans, garroteros, lavatrastes, guardias de seguridad y demás empleados que integran el mercado laboral de los restaurantes donde se emplean hasta 2.2 millones de personas.

La presión de la industria restaurante ha sido tal que Sheinbaum mandó a su secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, a negociar con los líderes de la Canirac y de los poderosos grupos restauranteros de la capital un programa de reapertura gradual de los restaurantes y establecimientos que empezará a aplicarse a partir de la próxima semana, con medidas sanitarias estrictas, aforos controlados y en la que paulatinamente, aún en Semáforo Rojo, comenzarán a abrir sus puertas los negocios establecidos de comida. El problema es que el camino que abrieron los empleados y dueños de los restaurantes ahora lo empiezan a seguir otros gremios como los dueños de Bares, discotecas y centros nocturnos que han empezado ya también su propio movimiento de #abrimosomorimos en el que también piden un plan de reapertura que les permita sobrevivir a los negocios y a los 4 millones de empleados que dicen representar.

Con todas esas crisis juntas la administración capitalina que encabeza Claudia Sheinbaum está en un punto crucial en el que puede ser rebasada como gobierno y generar un caos mayor en la capital de la República, con todo lo que eso representa para la 4T y para López Obrador en su principal bastión de votos en este año electoral, o puede hacer que la jefa de Gobierno demuestre de que está hecha y si su administración se convierte en un lastre o en un activo para el proyecto lopezobradorista y para su eventual continuidad o su final en el 2024.

NOTAS INDISCRETAS…

El nuevo round entre el presidente López Obrador y el INE, por la intención del instituto de restringir la transmisión completa de las mañaneras a partir del 1 de abril, cuando inician las campañas electorales para las votaciones del 6 de junio, se va a poner de pronóstico reservado. Aunque todo indica que Lorenzo Córdova tiene la razón legal, cuando invoca la prohibición de difusión de propaganda y publicidad gubernamental en épocas de campaña, como un precepto legal y constitucional para garantizar la equidad de la contienda y que no se beneficie ilegalmente con esa propaganda al partido gobernante, López Obrador ya empezó desde ahora a llevar el tema al terreno de la “libertad de expresión” y a catalogarlo como un “acto de censura” por parte del organismo electoral. “Nos quieren callar”, dijo ayer el inquilino de Palacio que con casi tres meses de anticipación empieza su estrategia política y jurídica para evitar que le restrinjan las transmisiones de sus larguísimas alocuciones de cada mañana en las redes sociales y en los canales de televisión pública donde, religiosamente, se transmiten completas las peroratas presidenciales. Esta es una pelea cantada en la que con seguridad el INE ejecutará la orden restrictiva con base en sus facultades constitucionales y el presidente impugnará la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí, como en otros rounds y diferencias legales que ya han tenido los consejeros electorales y el Ejecutivo Federal, la última palabra la tendrán los magistrados electorales que, hasta ahora, llevan un récord de varios fallos a favor de López Obrador y en contra del instituto electoral. Veremos si, en abril, cuando suene la campana y los dos fajadores su suban al ring de la legalidad electoral, el réferi del TEPJF se muestra imparcial y objetivo o si otra vez le da la razón al presidente. Ahí se verá, para decirlo coloquialmente, si la marrana tuerce el rabo o lo endereza… Mientras Washington es un avispero con las amenazas de protestas armadas y los juicios políticos para destituir a Donald Trump, México estará representado en la inauguración de la presidencia de Joe Biden, el presidente 46 de los Estados Unidos, por la aún embajadora de nuestro país Martha Bárcena. A partir de esa fecha corre el plazo para que se produzca un relevo en la embajada mexicana en Washington, aunque primero se requiere el beneplácito del gobierno estadounidense al nuevo embajador Esteban Moctezuma Barragán, algo que ya fue solicitado formalmente por el gobierno mexicano, pero que ya no otorgará el asediado Trump en medio de golpes de Estado fallidos y amenazas de destitución y que claramente le corresponderá a la nueva administración Biden. Y como todos los analistas piensan, Biden le dará prioridad al tema de la pandemia en su país y a contrarrestar la crisis económica con medidas de emergencia, por lo que el beneplácito para el nuevo embajador tendrá que esperar. Un cálculo de corresponsales mexicanos acreditados en Washington estima que tardarían de 6 a 8 semanas en el Departamento de Estado para responder a la solicitud de México, con lo que Moctezuma tendría que esperar hasta finales de febrero o principios de marzo para ser aceptado en Washington, mientras tanto la embajadora Bárcena seguirá en el puesto… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.