Una mañana ejecutan a un comandante de la policía municipal de Celaya, Guanajuato: él acaba de terminar su turno y se dirige a su domicilio; hombres armados se le emparejan a bordo de una camioneta y lo acribillan “hasta dejarlo sin vida”.

Policías municipales son avisados de que en la avenida Lázaro Cárdenas, de Celaya, hay un grupo de hombres armados. Atienden el reporte y son recibidos a balazos. Comienza una persecución en la colonia Rancho Seco: para distraer a los uniformados, los sicarios secuestran dos camiones y les prenden fuego.

Ocho bolsas con restos humanos son abandonadas al sur de la ciudad. Contienen los restos de cuatro personas. Las bolsas quedan a la vista de peatones y automovilistas.

Un estudiante de ingeniería es acuchillado sin piedad en las inmediaciones del Tecnológico de Celaya. Lo encuentran con el vientre destrozado en una parada de autobuses.

Hombres armados abren fuego contra una concesionaria de John Deere, ubicada en la carretera Panamericana. El ataque es atribuido a un intento de extorsión. Las 16 agencias automotrices que existen en la ciudad revelan que han recibido llamadas o mensajes o en los que se les exige un pago inicial de 400 mil pesos —y más tarde uno mensual de 50 mil.

El obispo de Celaya denuncia que los grupos criminales que operan en la zona poseen una base de datos con los nombres de los curas de al menos 20 templos: les han llamado para exigirles dinero a fin de que “no pase nada en esa iglesia”. Todas las llamadas fueron recibidas en un solo día.

Las tortillerías de Celaya cierran de manera masiva, “algunas de manera indefinida”, para exigir a las autoridades que detengan la cascada de extorsiones que sufren sus propietarios. Los miembros del crimen organizado les exigen cuotas que van de los tres mil a los 50 mil pesos mensuales.

A la protesta se suman carnicerías y taquerías de diversos rumbos de Celaya. De acuerdo con la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla, 95% de los negocios es víctima de extorsiones practicadas por grupos criminales.

Sujetos armados balean la agencia Ford Montes ubicada en una esquina del Bulevar Adolfo López Mateos. Son las 2:20 de la mañana: las balas destrozan cristales, la fachada del inmueble y varios vehículos que se hallaban en exhibición.

La agencia decide cerrar sus puertas al público. Trasciende que los dueños se negaron a pagar derecho de piso a organizaciones criminales de la ciudad…

Desde al menos 2015, el robo de huachicol y el control de los ductos que parten de la refinería de Salamanca, desataron una guerra a muerte en Guanajuato. La captura del Chapo Guzmán en 2016 y el ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación, abrieron nuevos frentes de guerra en el estado. El grupo que de manera hegemónica controlaba el robo de combustible, el Cártel de Santa Rosa de Lima, entró en pugna con el CJNG.

Comenzó una guerra atroz.

En 2017 la tasa de homicidios en la entidad fue de 18.2 por cada 100 mil habitantes. Un año más tarde se había alcanzado la peor tasa en la historia del estado: 43.8 por 100 mil: Guanajuato cerró 2018 con casi cuatro mil homicidios.

Un grupo de operaciones de la Marina fue enviado a la entidad a realizar labores de inteligencia: su misión consistía en localizar objetivos de alto impacto. Fuentes de seguridad señalan que la Marina descubrió que el piquete de ductos era en realidad un recurso para justificar el verdadero robo: el que se cometía dentro de la refinería de Salamanca e implicaba la salida sin facturar de 40 a 50 pipas diarias.

Al arribar al poder, Andrés Manuel López Obrador canceló la importación de gasolinas, cuya compra, según dijo, se hallaba en manos de funcionarios corruptos. La decisión provocó un desabasto de gasolina que paralizó el Bajío. Un informe de inteligencia revela que el desabasto afectó “a buenos y malos”. Provocó que de 605 gasolineras funcionaran en la entidad solo 60, y lanzó a los grupos criminales, “necesitados de pagar nóminas inmensas”, a buscar de manera desesperada otros ingresos.

El Cártel de Santa Rosa, según el reporte consultado por el columnista, se entregó al robo de vehículos, el robo de camión de valores, el robo de cajeros, y también el secuestro, el trasiego de droga y la extorsión. El enfrentamiento con el Cártel Jalisco, que intentaba controlar las mismas líneas, fue inevitable. Los índices de violencia no hicieron sino aumentar.

Hace poco más de un mes, los marinos fueron extraídos del estado. Fuentes de seguridad indican que el presidente López Obrador decidió que la Marina tendría que estar para cubrir las costas, y no regiones de tierra adentro.

El estado se quedó solo con policías infiltradas y una Guardia Nacional que en realidad aún no es nada. El saldo: ejecuciones, camiones incendiados, empresas extorsionadas, y bolsas con restos humanos… El horror en Guanajuato.

@hdemauleon
demauleon@hotmail.com

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