Uno de los obstáculos sistemáticos para evaluar la transparencia y el acceso a la información en Querétaro es la dispersión conceptual y la falta de atención, seguimiento o seriedad para abordar el tema por parte de la sociedad civil organizada, el sector académico, la clase política y la prensa local.

El disenso que se llega a dar entre los resultados de las mediciones de Locallis y CIMTRA con las revisiones que realiza la Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental (CEIG) a los portales de internet de los sujetos obligados, es un ejemplo de que cada quien observa cosas distintas desde su posición, manteniendo diferentes perspectivas y atendiendo intereses distintos aun y cuando, en teoría, perseguimos el mismo objetivo: la transparencia en el sector público.

Bajo un panorama así, es imposible dar respuesta colectiva —sobre bases mínimas consensuadas— a la siguiente pregunta: ¿hemos avanzado o retrocedido en cuanto a transparencia; por qué y debido a qué?

Considero que, al respecto, nos encontramos prácticamente en ceros dado que en nuestro estado, la transparencia ha sido mucho más un discurso político en contextos protocolarios que una realidad institucional y un tópico de interés público bien discutido.

Definitivamente nos hace falta empezar a deliberar acerca de lo que está sucediendo en Querétaro sobre la cantidad y calidad de información pública a la que tenemos acceso, tanto al ejercer nuestro derecho como de manera proactiva, es decir, por iniciativa propia de las organizaciones del estado.

Sin embargo, iniciar una tarea deliberativa así requiere un orden lógico y, para la situación de Querétaro, es necesario arrancar desde lo más básico: ¿qué habría de entenderse por transparencia?

Este es no sólo el punto de partida, sino la pregunta esencial que nos permita avanzar de manera productiva (conjuntamente a los sectores civil, académico, institucional y periodístico) en la definición de un estándar mínimo para la construcción de una base teórica, conceptual, práctica y metodológica para diagnosticar la situación actual pero también para establecer una agenda de transparencia y acceso a la información pública a corto, mediano y largo plazo.

Por supuesto, lo anterior supone una tarea de gran complejidad que implica riesgo de éxito y fracaso en proporciones similares.

No obstante, emprender un esfuerzo colectivo y organizado por empezar a generar las bases para concebir la transparencia con fines de implementación y evaluación sistemáticas sería de cualquier manera, un signo de que por fin empezaríamos a tomar en serio este tema en Querétaro.

Por mi cuenta, me gustaría ir adelantando a manera de propuesta como línea analítica fundamental para la definición conceptual de la transparencia el hecho de debatir si en Querétaro debe predominar una idea legalista o funcional, una concepción desde la burocracia o desde la ciudadanía y, por tanto, una visión de la transparencia como requisito legal o una visión de la misma como política pública y práctica organizacional.

Lo que subyace en esas categorías es si adoptaremos explícitamente como argumento que las organizaciones públicas en Querétaro sólo pueden ser tan transparentes como la ley se los permita o deben ser tan transparentes de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y características particulares.

¿Leerán de casualidad esto en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental (CEIG)? Ojalá hubiera retroalimentación por parte de nuestro órgano garante.

Politólogo