El 13 de diciembre de 2013, el Pleno del Senado de la República aprobó con 95 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, con lo cual, la reforma constitucional en dicho tema fue aprobada por ambas Cámaras y remitida a las legislaturas de las entidades federativas para su revisión.

Por tanto, la minuta referida estará siendo discutida y votada en los próximos días a nivel de comisión y Pleno en la LVII Legislatura, por lo que los diputados de Querétaro deberán asumir la tarea de analizar y valorar un proyecto legislativo que contempla modificaciones sustantivas para el régimen democrático mexicano.

Si bien la minuta de la reforma político-electoral abarca cambios en otros temas relevantes pero de naturaleza muy distinta, es en la dimensión electoral del documento donde no solo se pretende concretar los cambios más radicales, sino también el más controvertido, cuestionable y riesgoso para nuestro sistema político.

La reforma aprobada por el Congreso de la Unión modifica sustancialmente el modelo de organización y operación electoral en nuestro país a través de la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) por un nuevo órgano denominado Instituto Nacional Electoral (INE). Además, introduce – o tiene la intención de hacerlo a través de los artículos transitorios – modificaciones vinculadas específicamente a la competencia por el sufragio, la representación política, el sistema de partidos y la estructura del marco jurídico electoral.

A la relevancia inherente de lo anterior, es necesario agregar que el contenido de la reforma trasciende el mero ámbito federal de las elecciones para incidir (con más ambigüedad que certeza) en la función electoral a nivel estatal mediante una extraña institución híbrida que, parece, será algo más que un órgano federal pero menos que un órgano nacional y que, por tanto, desfigura el entramado institucional actual pero no alcanzará a materializar la (desafortunada) idea original plasmada en el Pacto por México.

Así, en virtud de las nuevas bases constitucionales que se proponen, el estado de Querétaro (al igual que las otras entidades) se verá obligado a modificar de manera no trivial el esquema y la dinámica de lo relacionado con la organización de sus procesos electorales, empezando por el sacrificio de una parte la autonomía local en ciertos aspectos a cambio de integrarse a lo que – según deja ver la minuta – se proyecta como un modelo confuso que incluye discrecionalidad, incertidumbre, traslape de funciones y distribución difusa de competencias entre autoridades electorales.

No tengo expectativa alguna de que los diputados queretanos rechacen la reforma político-electoral (sería sorpresivo si lo hicieran), sin embargo, si algo pudiera pedirles respecto a este asunto, sería que esta vez argumenten de manera seria por qué están avalando la modificación constitucional.

El pretexto de que solo pueden decir “sí o no” a las reformas a la Constitución federal es insuficiente para no exigirles que hagan una revisión responsable y tomen una decisión justificada que se plasme en un documento que pueda ser accesible para consulta pública y en el que expongan con detalle y claridad (por tanto, sin choros discursivos y lugares comunes) los motivos que los llevan a ponderar como positivo para la democracia mexicana el contenido de la minuta.

No es lo mismo legislar que solo levantar la mano; ojalá los diputados hagan lo primero con la reforma político-electoral y no lo segundo, como sucedió con la reforma energética.

Politólogo