Patricia Sánchez tenía 37 años cuando fue asesinada. Era una ciudadana decente, esposa y madre de familia, que estudiaba biología y trabajaba como asistente educativa en una escuela privada. El marido trabajador, la hija becada por mérito en una escuela privada y además tomando clases de violín. ¿No es esto lo que quisiéramos que fueran todas las familias mexicanas?

Y sin embargo, a Patricia Sánchez la asesinaron. Es uno más de los muertos que diariamente hay en esta ciudad, en este país; una más de las mujeres violentadas que diariamente hay en este país.

A Patricia la asesinó un chofer del transporte público, de esos que con absoluta impunidad se pasan los altos, dan vueltas prohibidas, se meten en sentido contrario o se quedan sin frenos porque traen sus unidades en pésimas condiciones, sin que la policía ni la Secretaría de Movilidad digan nada ni hagan nada.

Fueron cómplices del asesinato los dueños de la empresa de camiones, porque en lugar de asumir su responsabilidad, dicen que el camión no es de ellos, que es un ilegal.

Es lo mismo que dicen todos a quienes les descubren algún problema o fraude: me hackearon, me copiaron las siglas, me robaron la identidad o el vehículo.

También es cómplice el Ministerio Público, que negó lo que vieron los testigos (que fueron quienes no dejaron huir al asesino, que fueron quienes lo entregaron a las autoridades) y dejó en libertad al chofer, justificándolo de la manera más estúpida, al decir que la hija de Patricia Sánchez, una niña de 11 años, había usado mal las palabras en su declaración. Y porque además, hizo perdedizo el expediente y no se lo quería dar al viudo.

¡Todo eso en plena 4T, señora Procuradora, cuando se supone que ya no hay mordida, que la ley es lo que cuenta, que hay transparencia y que se respeta y apoya a los ciudadanos!

La Jefa de Gobierno llama a la Ciudad de México “nuestra casa”. ¿Nuestra de quién?

Por lo visto no de los ciudadanos decentes, de los que estudian y trabajan y tienen valores, pero sí de los delincuentes y criminales que hacen de las suyas con absoluta impunidad y sí de los que desvirtúan la justicia con absoluta impunidad.

¿De verdad en México ha abdicado el Estado como dice Roberta Garza?

Tal vez sí, porque hasta hoy todo son puras palabras: que ya estamos ganándole a la delincuencia, que vamos por los 365 más peligrosos, que ya cambiamos a tal funcionario o pusimos otra cámara de seguridad.

Pero la realidad es que sigue la delincuencia y sigue la impunidad. Y peor: que con tal de no quedar mal con algunos grupos (maestros, mujeres), y con tal de no hacer lo que hicieron gobiernos anteriores (poner vallas de protección y mandar a policía capacitada para controlar sin reprimir), estamos además teniendo vandalismo.

Pasarse un alto parece un delito menor, pero resulta en muchas muertes y discapacidades, como es el caso del que escribo, que no es el único.

Señora Procuradora: basta ya de abrir carpetas de investigación para que parezca que se va a impartir justicia cuando lo que se hace es esperar a que la tormenta amaine y que el caso se olvide. Ya es hora de actuar. En el caso de la señora Patricia Sánchez, el asesino está allí, se sabe perfectamente quién es, no hace falta investigar nada. Hay que castigarlo a él y a sus jefes y a los que no hicieron su trabajo de justicia.

Hacerlo, para que todos los choferes sepan que no pueden pasarse los altos y todos los dueños de camiones sepan que tienen que pagarle a las familias que destrozan y todos los ministerios públicos se porten correctamente con los ciudadanos. Hacerlo, para que esta ciudad sea de verdad nuestra casa.

Escritora e investigadora en la UNAM. sarasef@prodigy.net.mx