Cuando un derecho se maneja como una excepción, se trata de un privilegio. La pirámide del poder burocrático premia a sus hijos consentidos y les otorga grandes sumas de recursos públicos, pagos, bonos, pensiones, que salen del dinero de todos los mexicanos. ¿A cambio de qué?
Pretextos que se venden como razones y reglas que se quieren legitimar. Una parte de la vida política funciona mediante el reparto de incentivos: unos son de carácter general porque todos los que pertenecen a una organización, a una institución o a un país, tienen acceso a ellos. Pero hay otros que se reparten sólo entre las élites, son para unos pocos, pero como se trata de recursos públicos, se tienen que medio legitimar vía el maquillaje o el secreto, frente a una mayoría nunca tendrá acceso a esos bienes. Estamos ante un privilegio de ese tipo: el “haber de retiro” para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que acaba de ser aprobado dentro del paquete de leyes de la reforma político-electoral.
En países como el nuestro, en donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza; donde el 60% de la fuerza de trabajo se encuentra en el precario sector informal de la economía; donde el salario es uno de los más bajos de América Latina (según la OIT); donde la mayoría de los mexicanos no tienen pensión y los que lograron alguna, no les alcanza ni para sobrevivir, ¿qué significa que se apruebe en el congreso una pensión para 7 personas que representará más de 730 millones de pesos? ¿Es un derecho o un privilegio?
Todos los privilegios tienen una historia y la gran mayoría se quedan inmersos en las telarañas opacas del poder. Pocos, como el “haber de retiro”, se convierten en un escándalo que obliga a una explicación. En general la clase política no considera que tenga obligación de rendir cuentas. Este enorme déficit de representación es lo que ha vulnerado a la deficiente democracia que nos tiene completamente insatisfechos en México. Cuando hay un escándalo se prenden los reflectores de la opinión pública, de las redes sociales y los ciudadanos nos enteramos de cómo se las gastan los políticos. El escándalo es una alerta, es como al ladrón que lo pescan con las manos en la masa.
Hay que revisar los argumentos y el debate que ha generado el “haber de retiro” para ver la rapiña de algunos intereses políticos. Primero se nubló la importancia de la mayoría de temas importantes de la reforma político-electoral, que dejan en la oscuridad una serie de nuevas reglas que van del discurso cantinflesco, como las facultades para intervenir elecciones locales, pasando por los vetos y candados a las figuras de participación directa, hasta el gatopardismo que hay entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. Segundo, la absurda discusión para diferenciar entre sinónimos como “haber de retiro” o “pensión vitalicia”. Tercero, las versiones contrarias de si era parte de las negociaciones del Pacto por México y ya se conocía el tema o se trató de un madruguete. Cuarto, la manufactura desde Los Pinos, que ha sido interpretado como pago de favores de 2012, de lo que ya hizo el Trife (negar todos los recursos de impugnación de los opositores al PRI) o de lo que pueda venir en el futuro próximo (caso Monex o topes de campaña). Quinto, al final llegó el cinismo en voz de los magistrados, incluso uno de ellos dijo que era para “garantizar la imparcialidad”. Es una cadena de errores que resulta indignante.
En México tenemos que pagar privilegios millonarios para garantizar que ciertos funcionarios cumplan con su deber. Se refuerzan la percepción de pestilencia que rodea a la clase política; se ven los abusos que deja el regreso del PRI y se muestra con claridad cómo se ha formado una clase de privilegiados que se quedan con una rebanada grande de los recursos públicos, mientras la oposición firma pactos. Quizá, es como antes, pero ahora con maquillaje democrático…
Investigador del CIESAS
