El estudio sobre el Impacto de los determinantes sociales de la COVID-19 en México publicado por Alejandro Cortés-Meda y Guadalupe Ponciano-Rodríguez (en el Boletín Covid-19 de Salud Pública, UNAM, Vol. 2, No. 17, del 4 de mayo de 2021) nos recuerda que hasta mediados de marzo habían muerto 192 mil 488 personas por contagio del Sars-Cov.2. Hasta el fin de semana pasado, la cifra ya había superado los 223 mil fallecimientos.
Citando el Índice Covid-19 en México: un perfil sociodemográfico (https://bit.ly/3h4nfs5), la investigación demuestra que “el trabajo en casa, a distancia, ha sido viable para las personas de mayores ingresos, pero no para quienes salir a trabajar es su única forma de subsistir y, que además, al volver a casa se transforman en una fuente de infección para sus familias. En nuestro país los trabajadores manuales y operativos, las amas de casa, los jubilados y pensionados representan el 94% de los decesos”. Subrayo y repito: 94 de cada 100 decesos han sido de personas que no pudieron quedarse en casa por falta de ingresos suficientes. Es decir, más de 209 mil muertes por pobreza.
Durante el primer año de la pandemia, ya se había convertido “en la primera causa de muerte del país, dejando atrás a las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus”. Pero la mayor parte de esas muertes ha golpeado mucho más, a los más pobres. “No cabe duda —nos dicen los autores— que la Covid-19 ha afectado en gran medida a la población con menor escolaridad, pues prácticamente la mitad de las muertes se produjeron en personas con un nivel educativo máximo de primaria”. De otra parte, “cuanto mayor es la pobreza de los municipios, menos pruebas se hacen y más reducidas (parecen) las tasas de contagio, de tal manera que en los municipios pobres el subregistro de casos positivos y de muertes podría ser considerable”. Además, en las instituciones médicas privadas solo ha fallecido el 2% del total.
Desde marzo del 2020, varias organizaciones de la sociedad civil recomendamos al presidente López Obrador establecer un ingreso vital de emergencia para proteger a esas personas. A esa demanda se sumaron legisladores de todos los partidos, incluyendo a muchos de Morena. La Cámara de Diputados impulsó un punto de acuerdo para respaldar esa propuesta y Movimiento Ciudadano la llevó al Senado de la República como iniciativa de ley.
El 8 de junio del 2020, tras el silencio, publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado: ¿Por qué no, señor Presidente? El primer párrafo decía: “No está en contra de la filosofía del gobierno ni se opone a las decisiones que ha venido tomando. No amenaza las obras que están en curso ni compite con la distribución de recursos entre los grupos seleccionados por los Servidores de la Nación. No pone en duda la idea principal de la transformación prometida, sino que confirma y subraya que: por el bien de todos, primero los pobres. Ni siquiera es una idea novedosa: que el Estado respalde con un salario vital de emergencia a quienes han perdido su ingreso por causas ajenas a su voluntad forma parte de la oferta política de la izquierda desde hace más de cien años”. Aquel artículo cerraba preguntando: “¿Por qué no, señor presidente? Es de buena fe, es indispensable, cuenta con el más amplio respaldo y es técnica y fiscalmente viable. Díganos: ¿Por qué no?”
La respuesta vino en una conferencia mañanera. El Presidente dijo que no lo haría porque, en su opinión, la propuesta era conservadora y punto. Sin embargo, hoy sabemos que si el gobierno mexicano hubiese escuchado esa voz prácticamente unánime, se habrían salvado miles de vidas de las personas más pobres del país. Empero, aquí solo manda uno y es muy probable que, a partir del 6 de junio, mande aún más.
Investigador de la Universidad de Guadalajara.
