El martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó al Congreso Mexicano la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a 2016. A reserva de que estos documentos ameriten un análisis más profundo y detallado, podemos anticipar comentarios al respecto.

De entrada, es por demás evidente que el ejercicio denominado como Presupuesto Base Cero quedó muy corto con respecto a las expectativas que había generado. Los cambios en el presupuesto son relativamente menores (aunque hay algunos ajustes interesantes) y el presupuesto sigue arrastrando un componente inercial bastante fuerte. Por otro lado, la reducción anticipada en el gasto corriente no ocurrió y el ajuste que se observa en el gasto público se dio, una vez más, en el rubro del gasto de inversión pública, cuya caída en el presupuesto 2016 es superior al 20% con respecto a lo programado en 2015. Este tipo de ajuste es indeseable por diversas razones. La principal, sin duda, es que el efecto de este ajuste en el crecimiento económico del próximo año será muy significativo. De hecho, con un ajuste en la inversión pública como el que se está planteando, será prácticamente imposible que el crecimiento observado del PIB caiga dentro del rango de 2.6% - 3.6% que los propios documentos oficiales anticipan. Es más probable que el crecimiento en el 2016 sea cercano a lo que tuvimos en 2014 y a lo que seguramente tendremos en 2015, es decir, de alrededor de 2% o incluso menos. Asimismo, este ajuste es indeseable porque la mayor parte de él se dará en la inversión pública de Pemex, la cual estará en condiciones de desventaja frente a las empresas privadas y se irá rezagando con respecto a nuevas competidoras. Esto, por lo demás, contradice la versión oficial que se había comprometido a mantener a un Pemex fuerte y que pudiera enfrentar a la competencia en buenas condiciones.

Con respecto a la caída en la inversión pública se puede argumentar que ésta será compensada con los nuevos mecanismos anunciados en el Tercer Informe de Gobierno que buscan promover la inversión: Fibra E, Cecades y bono de infraestructura educativa. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Los dos primeros mecanismos están dirigidos fundamentalmente a promover la inversión privada, que en cualquier caso no es necesariamente sustituta de la inversión pública. Sobre el tercer elemento cabe señalar que, si bien sí podría aumentar la inversión pública, su impacto de derrame, por tratarse de equipamiento de las escuelas y no necesariamente de proyectos productivos, será muy probablemente menor que si un monto equivalente fuera destinado a la inversión de carácter productivo en un sector como el energético.

Sobre este punto también cabe hacer una precisión: el gobierno ha insistido en que el bono de infraestructura educativa no es deuda pública. Han explicado que se trata de un mecanismo que traerá recursos futuros del Fondo de Aportaciones Múltiples al presente, lo que permitirá llevar a cabo el mayor programa de construcción de infraestructura educativa de la historia reciente. Qué bueno que esto sea así, ya que los datos del Censo Educativo reflejaron la muy precaria situación en la que se encontraban un buen número de las escuelas públicas del país. Sin embargo, lo que es inadmisible es que se nos quiera convencer de que esto no es deuda. Traer recursos futuros al presente mediante un instrumento financiero no es otra cosa sino deuda. Esta bursatilización de ingresos futuros fue precisamente el mecanismo que usaron varios estados para endeudarse sin la aprobación de sus respectivos congresos y que la Suprema Corte dictaminó que deberían ser considerados como deuda.

No parece ser casualidad que la empresa que sugirió este ingenioso mecanismo de endeudamiento a varios estados (y que ahora se está tratando de controlar desde la Federación) haya sido Protego, empresa en la cual trabajaba el ahora secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Así es que el secretario de Hacienda habría usado antes este mecanismo para endeudar a los estados y ahora pretende usarlo para endeudar al gobierno federal. No nos confundamos, el bono de infraestructura educativa es el instrumento que podría llevar a cabo la que quizá sea la más noble de las tareas que se ha propuesto este gobierno: dotar de condiciones apropiadas a las escuelas públicas de este país. Lo que encuentro absolutamente innecesario es el intento del gobierno por mentirnos y hacernos creer que dicho bono no es deuda. Lo es. No hace falta engañarnos.

Economista.

@esquivelgerardo  gesquive@colmex.mx

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