Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sumiso y contradictorio. El 11 de noviembre, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que, “mantener una reducción al presupuesto del Poder Judicial puede tener consecuencias internacionales para el Estado Mexicano”. Se quejó del recorte de 3 mil millones, aunque los legisladores aun no lo aprobaban; después vendría la reducción, no volvió a quejarse.
El día 16 de dicho mes, el presidente de la SCJN afirmó que “la falta de presupuesto no puede ser excusa para no cumplir con sus obligaciones”. Pero, la advertencia era dirigida al Instituto Nacional Electoral, a días de que el Consejo General anunciara acciones jurídicas por la misma acción que sufrió el Poder Judicial: recorte al presupuesto por 4 mil 913 millones de pesos, programados para la realización del capricho presidencial: la “revocación de mandato”.
Por cierto, a la fecha la recolección de firmas para el fraude de la “ratificación”, no alcanza las 800 mil, cuando requieren 2 millones 777 mil firmas para solicitar la “revocación”. El INE ha rechazado 51 mil firmas por “deficiencias”.
Dos criterios contradictorios del presidente de la SCJN. Uno de ellos, sumamente delicado al prejuiciar la resolución al juicio de controversia constitucional que acordó e interpuso el Consejo General del INE, el 7 de diciembre. El prejuiciar un asunto que aún no llega a la Corte, trae responsabilidad para el ministro juzgador. Pero, como AMLO ha empujado a todas las autoridades en política, el respeto al Estado de Derecho dejó de importar.
Los consejeros impugnan el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (22 de noviembre), consecuencia de lo aprobado por los diputados. La causa de la inconformidad, el recorte al presupuesto para llevar a cabo el “eventual” ejercicio de la “revocación de mandato, con suficiencia presupuestal”.
Delicada la irresponsable declaración del presidente de la SCJN, al adelantar que “la falta de presupuesto no debe ser excusa para no cumplir con sus obligaciones”. Arturo Zaldivar Lelo, tiene la obligación de excusarse de conocer del asunto al anticipar cuál será su criterio al momento de discutir en el pleno de la Corte los agravios de violación constitucional. Primero se queja por el recorte al presupuesto del Poder Judicial, luego acepta el castigo ¡Debe respetar criterio con las instituciones autónomas!
Analista legislativo. @HectorParraRgz
