En diversos organismos políticos, económicos, empresariales, académicos y sociales, se realizarán ejercicios prospectivos sobre los escenarios post electorales para 2024. Aunque las hipótesis serán muchas y muy variadas, es casi seguro que los escenarios sean dos y de uno se puede desprender otras hipótesis.
El primer escenario, es ganar las elecciones con un amplio margen —ya sea con fraude o sin él—, para lo cual AMLO requiere involucrarse abiertamente en la campaña con el o la candidata que designe porque ninguno de los candidatos brilla con luz propia; todos son subordinados y nadie, por sí mismo, es capaz de tomar iniciativas que el presidente no avale; porque él abandera la causa y el prestigio le corresponde de manera intransferible. Aún y cuando AMLO está determinado a que su candidata sea Claudia Sheinbaum Pardo, lo cierto es que el gasto realizado en su imagen no se refleja en los resultados en función de los escándalos en el Metro de la Ciudad de México, al profundo desgaste derivado de dos años de campaña anticipada y sufrir los daños del fuego amigo de los morenistas que no se identifican con ella, y de quienes aspiran a ser los candidatos.
Un factor fundamental, en cualquiera de los dos escenarios, es debilitar al Instituto Nacional Electoral, para evitar que haya resistencias o cuestionamientos a su triunfo. La capacidad operativa del INE y del TFEPJ requieren estar mermadas para que el costo político recaiga en ellos, y no en el partido o el candidato.
Al igual que en Bolivia, en el que el manifiesto fraude electoral de Evo Morales no pudo ser evidenciado por la entidad electoral subordinada a Evo, y tuvieron que ser los ciudadanos —junto con la OEA— quienes imposibilitaron el fraude, en México la OEA no calificará la legalidad de las elecciones porque López Obrador impulsa su remplazo a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que excluye a los gobiernos “neoliberales” de Estados Unidos y Canadá.
En este escenario, López Obrador lograría la continuidad y su sucesor gobernaría —de no obtener mayoría en el Congreso— con los gobiernos estatales de Morena, para lo que revivió recientemente la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
El otro escenario, el de la derrota, tiene dos vertientes: rechazar el triunfo de la oposición y victimizarse por un supuesto fraude electoral fraguado por los ganadores de la elección y el disminuido INE. Entonces, como en 2006, cuestionarían la limpieza del proceso, obligarían el recuento de votos y, de ser necesario, exigirían la anulación de las elecciones. Para que este escenario prospere se requiere anular a la sociedad evitando que tome la calle o tenga capacidad de respuesta, como en Bolivia; para lo que sacarían a sus huestes y se apropiarían de la calle, con toda clase de desmanes, para demostrar su determinación de no ceder el poder. Los principales actores serían los extremistas de ultraizquierda, las bases del partido, los beneficiarios de programas y los pobres, articulados mediante los Comités de Defensa de la 4T.
El escenario alterno es ceder el poder de manera parcial utilizando la movilización callejera y a los gobiernos de Morena, para crear un ambiente de crisis política, como en Perú, para no dejar gobernar a la oposición (los ilegítimos e incapaces) y negociar coto$ de poder.
En síntesis: AMLO apuesta al conflicto, pero habrá que ver qué papel jugarán la sociedad y la oposición.
