El 29 de noviembre del año pasado, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley General de Salud y a la Ley de Institutos Nacionales, con las que se creó el Insabi y se modificó el Sistema Nacional.
La puesta en marcha de este instituto y la operación del nuevo sistema fue anunciada con bombo y platillo por el gobierno federal, con promesas ambiciosas como el acceso universal a la salud para todos en igualdad de condiciones y su gratuidad absoluta.
Sin embargo, en la reforma no se previó un periodo de transición para que se firmarán los convenios de coordinación, se expidieran las reglas de operación y la reglamentación aplicable; sino que se estableció su inicio de vigencia tajante y un plazo posterior de 180 días para realizar todas estas modificaciones.
El efecto era previsible, el nuevo sistema nacional de salud ha tenido un arranque trunco y decepcionante.
No solo se ha omitido cumplir con lo prometido, sino que existe retroceso en los servicios que amparaban el seguro popular, volviéndose virales los comentarios en redes sociales en cuanto a que el Insabi no está cubriendo la totalidad de los servicios y que se está exigiendo a los beneficiarios cuotas de recuperación exorbitantes y desmedidas que van más allá de su capacidad económica.
Muchos expertos han comentado que la falta de planeación, organización, consenso, coordinación y proyección son los factores determinantes. Sea cual sea el motivo, la realidad es que hoy las y los mexicanos enfrentan una situación compleja y difícil, pues a diferencia de años anteriores, tienen incertidumbre respecto a si recibirán los servicios, en qué condiciones y cuanto les costara.
Brindar servicios de salud gratuitos y universales es un ideal que en efecto todos deseamos conseguir, pero ello se debe realizar de forma progresiva y acorde a las posibilidades económicas y operativas del país.
Ya la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha determinado que, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como el acceso a la salud, existen obligaciones pendientes de cumplir por parte de los Estados nacionales; pero la puesta en marcha de políticas públicas debe hacerse de forma gradual y por escalas, dado que una vez que el estado concede determinadas prerrogativas no puede revertirlas o disminuirlas, atento al principio de progresividad.
No obstante, la apuesta del gobierno federal fue muy ambiciosa y poco pensada; donde al parecer les invadió el entusiasmo y la propaganda, ahora, se ven rebasados por la realidad.
En este contexto, urge dar respuesta a los ciudadanos, pues en este tema no hay cabida para experimentos o ensayos, ya que la salud debe atenderse de forma responsable y seria, y no mediante ocurrencias o improvisaciones. Razón por la cual, desde la oposición, exigimos que esto se resuelva lo antes posible, pues lo que está en juego no es cualquier cosa, sino la vida de millones de mexicanas y mexicanos que hoy están en incertidumbre.
Diputada local del PRI @AbigailArredondoRamos
