Un nuevo sistema de evaluación y acreditación de la educación superior (Sevacres) podría incluir al menos cuatro elementos: (1) Balance crítico, (2) una noción de “calidad” –u otro referente normativo– construido de manera dialógica por las propias comunidades académicas y en relación con los fines que el Estado se va fijando; (3) nuevos indicadores que den cuenta de esa noción de calidad, y (4) una estrategia efectiva de difusión pública para propiciar un uso imaginativo de los resultados de la evaluación.

Este último elemento es central, pues la experiencia ha mostrado que mucha técnica sin comunicación deriva en confusión o aversión. Además, como bien lo recordó Edna Luna, en el Foro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa sobre la Ley General de Educación Superior (LGES), la evaluación implica también un componente “político” que no hay que menospreciar.

Los criterios de la evaluación y acreditación de la educación superior pueden derivar en ejercicios “objetivos” e “imparciales” (Artículo 59), pero su comunicación no. Obviar este punto ocasionaría acciones con resultados inequitativos y no deseados. Por ejemplo, algunas instituciones educativas podrían utilizar su poder y narrativa para construir imágenes de la “calidad” con in dicadores simples y con ello, entrar al cabildeo por los recursos públicos mejor posicionados, o atraer al joven incauto y a su familia. Esto precisamente tienden a hacer los famosos rankings cuyo atractivo no se niega.

En cambio, si hay una estrategia persuasiva de comunicación pública, universidades menos poderosas pero que muestren ir en el camino correcto de la calidad”, podrían lograr un apoyo social más amplio y ampliar, más rápidamente, su reconocimiento público que, como bien sabemos, no se respalda simplemente con un RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios).

Entonces, un nuevo sistema de evaluación y acreditación tendría que ser - por su estrategia de comunicación y difusión de información pública -, más atractivo que los rankings y más amplio que el RVOE.

La Ley establece que el nuevo sistema de evaluación tendría que promover la “consulta abierta” de los resultados de evaluación, “en términos de la normatividad aplicable”. ¿Estaríamos entonces los universitarios obligados a exponer si hemos alcanzado nuestros propósitos educativos y de “calidad”? ¿No será la “nueva” evaluación otro “balconeo institucional”? A mi juicio, no tendría porque serlo si: (1) somos las propias comunidades académicas las que, por medio de la deliberación, establecemos el referente normativo de “calidad” con que deseamos operar, (2) los indicadores son rigurosamente construidos y válidos, y (3) no se sobreestima el papel de la evaluación ni se liga a ésta al financiamiento público. El objetivo será mejorar la calidad de la educación superior para todos, no controlar a las universidades, ni mucho menos simular avances y aplaudir. Esta historia ya la conocemos.