Hace 160 años Ferdinand Lassalle hizo una pregunta sencilla pero fundamental ¿Qué es una Constitución? Y aunque muchos conocedores del tema tienen claridad en la respuesta, la verdad es que una Constitución va más allá de un documento o decálogo; representa el espíritu de un pueblo y la base de nuestra nación.

El próximo sábado 5 de febrero conmemoramos la promulgación de nuestra Carta Magna de 1917 y, ante esto, debemos preguntarnos: ¿Cómo vamos?, ¿Realmente son efectivos y exigibles los derechos?, ¿Se han cumplido los postulados de la Constitución?, ¿Hemos abatido la discriminación y la desigualdad?, ¿Las personas son realmente libres?

A 105 años de haber sido emitida, es menester analizar y revisar su vigencia y cumplimiento. Y no me refiero a emplear esos términos desde el punto de vista formal, sino en lo real y material; es decir, que tan lejos está el México real del que se proyecta en la Constitución.

Sin duda, uno de los pasos más importantes en la búsqueda por alcanzar el ideal constitucional ha sido la reforma de junio de 2011, donde se reconocieron y consagraron los derechos humanos. Ello abrió un nuevo panorama en la concepción de los derechos y su exigibilidad, pues además que abrimos nuestras fronteras al reconocimiento de los derechos internacionales, sentamos la base de un sistema efectivo de control constitucional.

En este punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido un papel protagónico y preponderante, delineando criterios y desvelando conceptos para entender, en mayor medida, los alcances de la Norma Suprema. Asimismo, gracias a sus criterios se han impulsado reformas y leyes que de lo contrario hubieran sido imposibles, como el matrimonio igualitario.

No obstante, si bien el máximo tribunal ha ido fijando con maestría los postulados de la Constitución, su aplicación a niveles inferiores es casi nula. La tendencia a judicializar todo para tener certeza jurídica, ha creado un vacío intermedio entre quienes pueden acceder a la justicia y quienes no. Aquellos que reclaman justicia cotidiana, como la mujer que es maltratada, los menores que requieren alimentos, el trabajador que es abusado en sus derechos, el campesino que es despojado de sus tierras o quien es víctima de un delito, muchas veces no son escuchados ni mucho menos atendidos.

Ese es el verdadero reto que hoy enfrentamos, ¿Cómo hacer realidad la Constitución?

Ahí es donde las autoridades de los tres niveles de gobierno y de todas las instancias deben actuar, con firmeza y pulcritud; dejando de lado el papeleo burocrático para dar paso a una verdadera “protección de los derechos”, en el sentido más amplio de la oración. Es necesario abatir la impunidad y dar paso a un auténtico estado  constitucional de derecho, en el que, ante todo, se aplique la Ley y la Constitución.

Ese es el verdadero reto que tenemos, un reto que demanda la participación de todas las instituciones, agrupaciones, sectores y organizaciones, públicas o privadas. Sin duda, la labor interpretativa de los tribunales es fundamental, pero hasta que las palabra