La desaparición de una dependencia del gobierno siempre provoca polémica. Finalmente, se afectan intereses creados, legítimos y no legítimos, y constituye de alguna forma una censura al desempeño de la gestión de dicha dependencia. El anuncio del presidente electo, Enrique Peña Nieto, de que la Secretaría de Seguridad Pública federal desaparece como tal para convertirse en una Subsecretaría del Interior dentro de la Secretaría de Gobernación no es la excepción. Representa, sin duda, una crítica muy directa a lo que fue la política central del gobierno de Calderón: la guerra contra el crimen organizado. Pero es más que eso.
Lo primero que habría que señalar para entender la desaparición de esta poderosa Secretaría es que ésta es un invento panista. Fue el presidente Fox quien la crea sustrayendo la recién creada Policía Federal Preventiva de Gobernación. La justificación, se decía entonces, era quitarle funciones policíacas a una Secretaría eminentemente política y que en el pasado había usado la fuerza del Estado de manera indebida, reprimiendo a opositores. El recuerdo de la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad, dependiente de Gobernación, bastó para legitimar dicha decisión entonces. No obstante, la nueva dependencia tuvo problemas desde su inicio. Luego de su creación comenzó a mostrar serios problemas de coordinación e incluso conflicto abierto con otras dependencias, en particular la Procuraduría General de la República. Sin embargo, la guerra contra el crimen organizado emprendida por Calderón le dio a la SSP un papel central en el gobierno que está por finalizar y, por ello, tuvo todo el apoyo del Presidente para llevar a cabo una restructuración de la Policía Federal, cuyo número de efectivos aumentó de 5 mil al inicio de este sexenio a cerca de 36 mil. También se instrumentó un modelo de profesionalización de los policías con exámenes de control de confianza y se desarrolló un sofisticado sistema de información criminal, conocido como Plataforma México. No obstante lo anterior, la SSP y en particular su titular, Genaro García Luna, han sido blanco de las críticas de quienes se oponen a la estrategia de combate al crimen organizado de Calderón y también de quienes por razones políticas buscaron criticar a Calderón de alguna forma. A pesar de ello, la SSP mostró en el papel avances importantes en su proceso de profesionalización que hacían suponer que en un momento podría reemplazar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. No obstante, hubo tres factores que afectaron la imagen de la corporación. Primero: el número de muertos asociados al combate al crimen organizado y a la operación misma de los criminales. En segundo lugar: los crecientes conflictos entre la SSP y las demás dependencias encargadas de la seguridad: PGR, Sedena y Marina. Finalmente, la gota que derramó el vaso y que seguramente acabó de convencer a Peña Nieto de bajarle el perfil a la dependencia fueron los escándalos de corrupción del último año: la balacera entre policías federales en el aeropuerto y el patético incidente de Tres Marías, que exhibió a un grupo de policías federales como burdos delincuentes. Aunado a ello seguramente pesó el affaire Florence Cassez, el cual está vinculado directamente a la gestión de García Luna como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones.
Ahora bien, aunque estas razones explican la decisión de Peña Nieto de bajarle de perfil a la SSP, ¿qué tan conveniente resultaría dicha acción? Por un lado, es probable que se reduzcan los conflictos interburocráticos y que haya una mayor coordinación entre las dependencias encargadas de la seguridad. Por otro lado, le da a Gobernación un papel central de articulación de la política de seguridad, algo que no ha estado presente en los últimos años. El riesgo, claro, es que la Policía Federal se utilice con propósitos políticos. Para evitar ello, se requieren mecanismos de supervisión muy estrictos de la Policía Federal —o de la Gendarmería Nacional— que tendrán que ser instrumentados. La clave, sin embargo, está en sostener el proceso de profesionalización desarrollado en los últimos años y evitar la corrupción que, como se ha visto, no ha desaparecido de la Policía Federal. Y todo ello depende, una vez más, de los mecanismos de control. En ese sentido, el que la Secretaria de Seguridad Pública desaparezca como tal no debería ser una tragedia. Que subsista la corrupción sí lo es. Veremos si el gobierno de Peña Nieto logra domar al tigre.
Analista político e investigador del CIDE
