Una moneda siempre tiene dos caras

La PGR no ha informado con precisión cuál es el verdadero motivo del aseguramiento de mil 500 cajas de seguridad y bóvedas, localizadas en la empresa First National Security, en Cancún, Quintana Roo.

Según el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alfonso Israel Lira Salas, se trata de una diligencia para detectar bienes mal habidos producto del crimen organizado, cuyos detalles aún no pueden ser revelados.

“Sabemos que la gente está enojada y confundida; que haber asegurado todas las cajas suena bastante fuerte, pero tenemos la certeza de evidencias criminales relacionadas con la investigación y por ello solicitamos ante el juez una orden de cateo y en cumplimiento de esa orden se realizan todas estas diligencias (…) ya hay varios detenidos”, revela el funcionario.

Lo que no pudo informar el subprocurador Lira Salas, para no violar el debido proceso, es que la PGR busca evidencias relacionadas con Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Lety o La 40, líder de cártel de Cancún que disputa con la organización criminal de Los Combos, que integra a Zetas, Golfos y gente del colectivo Jalisco Nueva Generación en lucha por el control de la zona turística precisamente de Cancún. La susodicha —veracruzana, ex policía judicial detenida en Puebla el 9 de agosto pasado— está acusada de delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se le señala como probable responsable de homicidios, secuestros y extorsiones.

Mientras, el problema para quienes contrataron las mil 500 cajas de seguridad con la empresa First National Security es una incógnita mayúscula; la indagatoria ha durado casi un mes; están furiosos con lo que más parece un disparo de escopeta y no un tiro de precisión.

En esta acción judicial están pagando justos por pecadores…

Lira Salas responde: “Quiero que la gente esté muy tranquila, porque no le vamos a quitar absolutamente nada a quien no tenga que ver con los delitos que se investigan; todas las personas que tienen valores resguardados en ese lugar los van a recuperar si no tienen que ver con los delitos investigados”. Trasciende que en las mentadas cajas hay joyas, documentos, escrituras de bienes inmuebles, facturas de vehículos, cartas de amor, rizos y hasta un marcapasos. Según el subprocurador Lira Salas, los clientes afectados no necesitan probar el origen de las pertenencias; la PGR no va a enterar a la Secretaría de Hacienda del contenido de las cajas; no es una cacería de brujas”…

Sin embargo, al “agarrar parejo”, la PGR provoca daños y perjuicios colaterales a todos los quejosos.

Santiago Ancona Teigell, propietario de First National Security alega que sus clientes están muy preocupados por el destino de los valores asegurados por el Ministerio Público; desconfían de la PGR. El empresario afirma que se daña la imagen de su negocio por sospecha de haber coadyuvado a probables delitos; que se están abriendo todas las cajas porque no saben dónde se encuentra lo que buscan; que para el próximo lunes esperan más amparos para evitar que las cajas sean trasladadas fuera de Cancún (diecisiete clientes ya cuentan con una suspensión provisional, tramitada después de que se abrieran).

El edificio de First National Security está acordonado por marinos y elementos de la SEIDO desde el 9 de octubre; nadie ajeno a la PGR entra o sale; los clientes, plantados bajo carpas frente a la empresa reclaman, pero sólo escuchan el ruido de roto martillos y golpes de cincel. Se sienten violentados.

Los daños colaterales no afectan solamente a quienes necesitan utilizar las cajas de seguridad de manera urgente. Por más que un juez avale el cateo y aseguramiento, quienes no tienen nada que ver con la delincuencia resultan damnificados de un exceso que violenta el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia. La SEIDO trata a los clientes de First National Security como presuntos culpables y no al revés, como exige el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

EL MONJE ENCAJOSO: El fin puede ser noble y “quien nada debe, nada teme”, dice, entre líneas, el titular de la SEIDO. Lo malo es que los “buenos” no se la creen, aunque la investigación sea tan importante y delicada, y el combate al crimen, indispensable e inaplazable. El aseguramiento y cateo de las cajas de seguridad, ejecutado por la PGR en Cancún, podrá ser legal y justificado, pero no a cualquier precio. Los modos abruptos de la autoridad calientan; socavan aún más la mala imagen de la procuración de justicia y el daño sale más caro que el beneficio. La PGR sólo sirve sopa de jodeos; no hay de otra.