No muchas personas en México y en el mundo tienen la posibilidad de invertir sus recursos económicos en los llamados “paraísos fiscales”. Esto es así debido a que las cantidades de dinero que se deben invertir para gozar de sus beneficios son relativamente elevadas. Algunos, se dice, ponen sus recursos en fondos de inversión que, juntos, logran el acceso a los paraísos fiscales. Se les llama así pues los impuestos que se deben pagar por esas inversiones son significativamente bajos. Es pues una práctica de los ricos; no de todos. Casi siempre, de las élites políticas.

En ese contexto se entiende que el presidente López Obrador diga que los de “otra” élite política, no la suya,  robaban más. Es difícil tener una visión objetiva de esa afirmación; por diversos factores. En primer lugar, estuvieron más tiempo en el poder  aunque en algunos casos aplica el reciclaje de cuadros, lo que puede implicar una cuantía mayor. Pero que la élite actual, con apenas tres años en el poder, esté involucrada en inversiones offshore llama la atención. Quizá esta élite no ha robado tanto, pero ciertamente, roba más rápido.

Es posible que, en muchos casos, el depósito de recursos en este tipo de inversiones no sea un delito y, en consecuencia, no tenga absolutamente nada de malo esta práctica. No obstante, cuando quien lo hace es un servidor público, puede surgir la sospecha de que su fortuna es producto de que se sirvió de los recursos públicos, en lugar de servir al público con esos recursos. Lo que puede producir una situación “problemática” es que, además de evadir impuestos, el servidor público no declare esos recursos como parte de su patrimonio, el cual, de acuerdo con nuestras disposiciones legales, debe tener un origen lícito. Quizá por ello, el Presidente sabe que no está bien invertir en paraísos fiscales. Pues, en el caso de que no se cometa un delito, la difusión de esa información puede mellar significativamente el prestigio del servidor público.

Por supuesto no es la primera vez que políticos mexicanos aparecen en largas listas de personas que han invertido sus fortunas  grandes o pequeñas en paraísos fiscales. Habrá que esperar, aunque de antemano sabemos que no llegará una investigación que brinde certeza de que esas fortunas no son producto del abuso, sino del arduo trabajo realizado por largo tiempo.

En otros países, cuando un funcionario público es señalado por una anomalía de esa naturaleza, inmediatamente renuncia al cargo que ocupa, pues sabe bien que la legitimidad con la que tomará decisiones para aplicar recursos públicos ha sido seriamente vulnerada. En México, en cambio, se les puede defender desde la tribuna más importante del país invocando una comparación que no tiene ningún sentido. La explicación que da el presidente López Obrador sobre la inclusión de algunos de sus cercanos en los llamados “Pandora Papers”, nos hace pasar de la risa a la rabia. Primero porque, como siempre, mide con una vara distinta a sus adversarios que a sus amigos; segundo por lo burdo e infantil de la respuesta.

Decir que otros hicieron peores acciones que las propias no solo es prejuicio, es una estulticia.

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