Ante la comprobada obsesión de poder de López Obrador  y sus afanes autoritarios y antidemocráticos, peligra la democracia. Ahora intenta someter al árbitro, mediante una propuesta reforma electoral para controlar las elecciones y favorecer a su partido.

Ha intentado varias maniobras, la más reciente es la utilización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –a la que ya le había quitado la autonomía e imparcialidad con el nombramiento de la controvertida ex diputada morenista María Rosario Piedra Ibarra- que ahora sirve de ariete en contra del Instituto Nacional Electoral. Esto resulta vergonzoso y escandaloso.

Mientras la CNDH recomendaba a los legisladores la transformación del INE –apoyada por el propio presidente-, siete de sus diez consejeros acusaron a Piedra Ibarra de modificar lo acordado y rechazaron la recomendación. Vaya papelazo, esta es la tercera vez que los consejeros se desmarcan de ella, como en septiembre cuando la CNDH no quiso interponer acción de inconstitucionalidad en contra de la iniciativa presidencial para trasladar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El INE recordó que de acuerdo a la Constitución,  “los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”.

Permanecen dos posturas; 1) el interés del tabasqueño por destruir,  a cualquier precio,  la institución que garantiza la viabilidad democrática, misma que no ha podido doblar; y, 2) que son muchas las voces, incluso a nivel internacional,  que se oponen y denuncian este intento, incluida la iglesia católica en México.

La Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, por ejemplo, señala que los cambios propuestos, “no aportan suficientes garantías sobre la independencia y la imparcialidad”.

También están los partidos políticos, menos los asociados del presidente, aunque siempre es posible una nueva traición priista. Habría que añadir a los ex presidentes del INE , así como a periodistas, intelectuales, dirigentes empresariales, y muchos otros demócratas.

La Conferencia del Episcopado Mexicano, también, se ha sumado señalando como “regresiva” la propuesta del morenista. “Más aún –puntualizan-, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios  hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad”.

Agrega: “Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del  TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”. O sea, la calidad moral del presidente, claro.

Los obispos concluyen: “decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.

En tanto, el Presidente sigue con su misma cantaleta, llena de mentiras, para justificar su intento antidemocrático, aunque ha quedado al descubierto, como Bartlett en su momento. Pero, cuidado, su embate pone en peligro la democracia.

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