En los últimos años el derecho de los derechos político-electorales de las mujeres ha sufrido una revolución que se ha traducido en su mayor presencia en cargos públicos, como por ejemplo en el Congreso de la Unión, que, de manera simbólica, ha adoptado el título de la “Legislatura de la Paridad de Género”.

Los cambios a nuestra Constitución y a las leyes secundarias que incorporan el principio de paridad, de la mano del reconocimiento y combate a la violencia política contra las mujeres nos pintan un panorama electoral distinto al que se vivió en 2018. Las reformas en materia de paridad constituyen un avance sin precedente en el aumento de oportunidades para las mujeres que buscan acceder al poder.

Las reformas en materia de paridad son un paso enorme para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres pues van de la mano de las garantías de protección y respeto del derecho de las mujeres a aspirar, en condiciones de igualdad, a todos los espacios públicos, especialmente para aquellas que son además discriminadas por su preferencia sexual o identidad de género, por su origen étnico o su nivel de educación o por su edad o estado civil.

Sería un ejercicio demasiado largo mencionar todas y cada una de las normas que hoy incorporan el principio de paridad. Baste con decir que los partidos políticos deberán postular mujeres de manera paritaria a cargos de elección popular y en la selección de sus dirigencias. Los titulares del Poder Ejecutivo a nivel federal y en las entidades deberán observar el principio de paridad de género en todos los nombramientos de secretarías y Direcciones. También los ayuntamientos deberán integrarse de conformidad con este principio y los representantes de los pueblos y comunidades indígenas deberán incorporar mujeres de manera paritaria, incluso cuando se rijan por usos y costumbres.

El principio de paridad aplica en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en todos los organismos autónomos. El Consejo de la Judicatura Federal ya inició el camino para integrar más mujeres a sus filas al abrir convocatorias exclusivas para llenar las vacantes de juezas de distrito y magistradas de circuito. Quién sabe, tal vez en muy poco tiempo nos regale a la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la primera rectora de la UNAM.

Sabemos que aún queda mucho por hacer. Debemos exigir a los partidos que las candidaturas sean para compañeras militantes que promueven y defienden la agenda feminista y no para las mujeres que son cómplices del poder o impuestas, muchas veces con violencia, por los hombres que “perdieron” sus lugares debido a la paridad. Debemos exigir una paridad real y no simulada asegurándonos que la designación de las mujeres no se limite a los municipios y distritos más pobres o donde sus partidos no tienen oportunidad de ganar.

La paridad es un mandato constitucional. Participar es un derecho y las mujeres estamos listas para defenderlo.