Digamos que usted milita en la oposición. Supongamos que está en la boleta legislativa. Asumamos que gana la elección que le toca el próximo 6 de junio. Felicidades: ya está usted en el Congreso de la Unión.
Supongamos también que le preocupa la apuesta militar del gobierno, le inquieta la tendencia de darle cada vez más responsabilidades a las fuerzas armadas sin fortalecer en paralelo los controles civiles, y anda con insomnio pensando en la intentona de convertir a los militares en empresarios. Si ese es el caso, ¿cuál debería de ser su agenda?
De arranque, se me ocurren algunas ideas:
1. Revisar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de de la Armada de México, para acotar el alcance de sus responsabilidades en tiempo de paz. En específico, habría que meterle precisión al artículo 1, fracción IV, de la primera. Allí se señala como misión del Ejército y la Fuerza Aérea “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”. En ese paquete, cabe casi todo, incluyendo la construcción de aeropuertos y la gestión de trenes turísticos. Por lo menos, habría que fijar límites mejor definidos.
2. Modificar el artículo 25, fracción IX de la Ley de la Guardia Nacional. Allí se establece como requisito de ingreso a la GN “estar funcionalmente separado de su institución armada de origen”. El truco de esa redacción es que no está muy claro qué es eso de “separación funcional”. Las actuales autoridades han resuelto ese expediente mediante oficios de comisión: la mayoría de los integrantes de la GN mantienen plaza y sueldo en la Sedena o la Semar y se van de préstamo a la nueva corporación. Esa es una simulación del tamaño del planeta. Para cerrarla, basta con sustituir lo de “separación funcional” con “licencia definitiva” (o alguna fórmula similar). Así se cierra la puerta a esta situación anómala en la que hay personas que están simultáneamente en el Ejercito o la Marina y la GN.
3. Forjar un compromiso de todos los partidos de oposición para no ampliar el periodo de participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En el artículo 5to transitorio del decreto de reforma constitucional que dio origen a la GN, se estableció que “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Ese plazo vence el 22 de marzo de 2024: tiene que haber un compromiso firme de no extenderlo. A la par, se debería de promover un proceso legislativo para normar desde el Congreso esta facultad. Ese es un asunto que es motivo de varias controversias en los tribunales (dado que el presidente trató de regular esto por la vía de un decreto), pero esa no es razón para que el Congreso no actúe.
4. Usar el presupuesto de egresos para frenar la creación de empresas paraestatales u organismos desconcentrados sectorizados en Sedena o Semary que tengan funciones empresariales o de gestión de activos como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya. No está de más recordarle a los posibles integrantes de la Cámara de Diputados que su mayor poder es el de la bolsa.
Sin duda, la agenda de seguridad no puede reducirse a este asunto. Pero hay aquí un espacio en el que la oposición puede ser oposición, y plantear un proyecto claramente distinto.
¿Se necesita una mayoría para impulsar esta agenda? Sin duda. Pero primero se necesita el valor de poner las ideas en la mesa.
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