Hace unos días se dio a conocer que se realizarán foros a Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para discutir la reforma al sistema electoral mexicano donde se analizarán, además de la iniciativa presentada por el presidente López Obrador, más de 40 propuestas sobre la materia.

Si bien esto debiera llevar al optimismo, lo cierto es que las condiciones dejan poco espacio para ello. Por un lado, desde la oposición se espera que en estos foros se repita la pantomima que se desarrolló con la discusión de la reforma eléctrica, donde dicen se escucharon todas las voces, pero, al final, lo que se llevó a votación no incluía las propuestas presentadas en los foros. Por el otro, la moratoria constitucional de la oposición hace imposible sacar adelante cualquier reforma constitucional, especialmente, una que busque reducir la equidad en la competencia.

Mucho se han discutido las ventajas y desventajas de la reforma —tanto la versión presentada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, como el texto, que poco tiene que ver con la presentación—, pero lo cierto es que resulta difícil creer que, ante la nula posibilidad de que se apruebe, ese sea el objetivo de esta nueva cruzada que enfrentará las posiciones irreconciliables de Morena, la oposición y, al menos en algunos aspectos —como el financiamiento público a los partidos—, los aliados de Morena.

¿Qué se busca entonces? De cara a los procesos electorales de 2023 y 2024, en un marco de confrontación entre fuerzas políticas, violencia desbordada y crisis económica, el principal activo que comparten Morena y los gobiernos de la 4T es el presidente López Obrador, con una popularidad a prueba de todo. Esto permite suponer que el objetivo final no es la aprobación de una reforma electoral producto del consenso entre las diversas fuerzas políticas, sino el montaje de un espectáculo en el que, de nuevo, se intentará culpar a las oposiciones de traidores a la patria por no sumarse a las aspiraciones del Ejecutivo.

En este caso, el discurso para conducir a ese escenario es relativamente evidente. El Presidente y su partido insisten en que nuestro sistema electoral es uno de los más caros del mundo y que, el INE es un organismo oneroso.

Lamentablemente una parte no menor de la población está de acuerdo con ese diagnóstico que, analizado con objetividad, no tiene ningún fundamento. Sólo por poner un ejemplo, en la comparación mundial se hace abstracción del hecho de que el INE se encarga de otorgar gratuitamente la credencial de elector que se ha convertido ya en nuestra cédula de identidad; responsabilidad que no compete a las autoridades electorales en otros países. Se pasa por alto también que cada reforma electoral, muchas de ellas, producto de la desconfianza, fueron sumando atribuciones y responsabilidades al INE; por lo que, evidentemente, fue necesario incrementar los recursos para cumplir con sus responsabilidades.

Es fácil suponer que el parlamento abierto será un escenario de cruentas críticas a la actuación de las autoridades electorales, que se basan en prejuicios y no en análisis objetivos. Al final, cuando se someta a votación la iniciativa presidencial no alcanzará los 2/3 requeridos en Cámara de Diputados y el Senado, por lo que —y esta no es una mala noticia— habrá que esperar hasta después de 2024 para que se retome el tema. Así las cosas, prepárese para un espectáculo de pronóstico reservado.

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