De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el infante un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al odio.
Conductas que, de resultar en una problemática familiar, suelen tener eventualmente repercusión social, pues las afectaciones que se causan a la niñez víctimas de estas conductas son de difícil atención y reparación.
He presentado por este motivo, una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que quede establecido en un divorcio o separación en donde se encuentren involucrados menores de edad, es decir, los hijos de las personas que quieren diluir el vínculo civil matrimonial, se fije fecha para que se practiquen exámenes psicológicos desde el inicio de los procesos y así determinar la existencia o no de alienación parental, lo que motivaría una pronta atención legal y procedimientos de tutela más objetivos.
Es lamentable que los menores en los procesos de separación se tomen como moneda de cambio y los propios padres provoquen daños psicológicos a sus propios hijos con tal de afectar a la pareja, se estima que un 30% de los casos de divorcio se encuentran relacionados con situaciones de interferencia o manipulación parental.
Debemos anteponer los intereses de la infancia y la juventud de nuestro país, más cuando nos estamos enfrentando a un incremento de los divorcios de casi un 200% en menos de dos décadas; mientras que en el año dos mil la cifra de divorcios se ubicó en 52 mil 358 casos, para el 2018 la cifra anual fue de 156 mil 556, de acuerdo con el INEGI.
AL MARGEN
—El pasado 24 de marzo, en el Senado de la República aprobamos una reforma al artículo 4º de la Constitución Federal para institucionalizar el otorgamiento de becas para estudiantes de todos los niveles, el apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, y la recepción de una pensión no contributiva por parte del Estado para nuestros adultos mayores de 68 años, indígenas y afromexicanos. Ahora sí, con independencia de los cambios de gobierno, se garantizarán por ley estos apoyos que combaten la pobreza y marginación. ¡Enhorabuena!
—La contingencia por el Covid-19 avanzó en nuestro país a su fase dos, atendamos las recomendaciones de nuestras autoridades, sin pánico; pero, sobre todo, comencemos a construir el entorno solidario que caracteriza a nuestro pueblo cuando tenemos que enfrentar una adversidad; hoy nos toca respaldar consumiendo bienes y servicios de productores y prestadores en nuestro entorno cercano, que se encuentran sintiendo las consecuencias del virus. En unidad no tengo la menor duda, le ganaremos a la pandemia.
Senador de Morena
