En México se pagan muchos tipos de impuestos: uno a las autoridades tributarias, otro a funcionarios corruptos y un tercero a grupos armados. En demasiadas regiones del país, la extorsión es un fenómeno casi universal entre los pequeños y medianos negocios.
¿Qué nos pasó? ¿Por qué de unos años para acá tantos individuos decidieron que podían extraer rentas de miles de personas, con sólo proferir algunas amenazas que la mayoría de las veces no tienen que cumplir? Por varias razones, pero una resulta particularmente importante: creció el miedo.
En un entorno donde la muerte es espectáculo, las amenazas de violencia se vuelven por demás creíbles. Y mientras más creíble sea la amenaza, menos violencia efectiva se tiene que ejercer para sacarle dinero a la gente. Dicho de otra manera, dado el clima de temor, los extorsionadores se volvieron más productivos: el ingreso obtenido por hora-matón, por llamarlo de algún modo, aumentó. A nadie debe por tanto sorprenderle que se haya extendido la práctica.
La buena noticia es que el fenómeno se puede contener y existen en México ejemplos de buenas prácticas en el combate a la extorsión. En un reporte reciente, la organización México Evalúa detalló el caso de Ciudad Juárez, donde se registró una verdadera epidemia de extorsión entre 2007 y 2012. En los años subsiguientes, el problema no desapareció, pero la incidencia parece haber disminuido significativamente.
A partir de la experiencia de Ciudad Juárez, el equipo de México Evalúa articuló algunas propuestas de política pública:
• Combatir la corrupción en los cuerpos policiales
• Crear una Unidad de Antiextorsión Empresarial.
• Concentrar el trabajo de inteligencia y prevención en pequeñas y medianas empresas, dedicadas al comercio y prestación de servicios.
• Diseñar protocolos estandarizados para protección directa a víctimas en caso de amenazas.
• Incentivar la denuncia garantizando la seguridad de las víctimas.
• Promover ministerios públicos móviles y especializados en extorsión.
• Impulsar a empresarios como portavoces de la denuncia.
• Desarticular redes a través de la investigación de policías y altos mandos de gobierno.
• Crear ambientes de civilidad y confianza entre vecinos, y mejorar el aspecto físico alrededor de los negocios.
• Mejorar la efectividad del patrullaje alrededor de los negocios.
• Incorporar a las instituciones bancarias en el diseño de mecanismos de detección temprana e investigación de cuentas sospechosas.
• Invertir en programas de prevención focalizados.
• Financiar programas de reinserción social para evitar la reincidencia.
El caso de Juárez muestra también que el combate a la extorsión no se reduce a las instituciones públicas. Como detalla México Evalúa, las empresas también pueden hacer mucho para protegerse del fenómeno:
• No dejar documentación o correo impreso desatendido en áreas de acceso público.
• No dar información confidencial –sobre el personal, horarios, transportación, etcétera– ni de manera personal ni telefónica.
• No subir información similar a redes sociales, buscadores de internet y/o bases de datos personales.
• No utilizar rutas de entrega/transportación rutinarias.
• Para dueños y encargados de las empresas, cambiar su cuenta de correo electrónico y número telefónico personal cada seis meses.
Como estas, hay muchas otras medidas posibles, algunas de aplicación general, otras circunscritas a giros específicos. Pero de fondo, se necesitan dos cosas: reducir el miedo a los delincuentes y aumentar la confianza en las autoridades. La extorsión no florece donde la denuncia es sencilla y conduce a resultados.
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