De manera unánime, la LVII Legislatura ratificó en sesión de Pleno del 30 de agosto al contador público Rafael Castillo Vandenpeereboom como auditor superior del estado de Querétaro para continuar en el cargo hasta el 31 de agosto de 2020.
Al respecto, los diputados locales cumplieron con las expectativas que un servidor tenía acerca de la designación/ratificación del titular de la ESFE: fue un proceso cerrado, opaco, precariamente documentado y escasamente argumentado cuya decisión final se deriva de un acuerdo político entre líderes de los grupos y las fracciones legislativas.
La fórmula de la discrecionalidad de los diputados fue aplicable una vez más al nombramiento de titulares de órganos autónomos en Querétaro. Sí, otra vez el problema de las designaciones públicas se hace evidente en la parte del procedimiento de decisión para elegir o ratificar.
En ese sentido, destaca el escaso flujo de información sobre las etapas del procedimiento y sus plazos específicos, los mecanismos de seguimiento, los criterios de análisis y los instrumentos técnicos de evaluación sobre Rafael Castillo como auditor superior (si es que hubo tal cosa), la falta de publicidad del procedimiento tanto en la dimensión documental como deliberativa por parte de los legisladores, la ausencia de inclusión de la sociedad civil queretana y de especialistas en la materia y la demora de la decisión (al borde de la fecha límite y con dos horas de retraso para el inicio de la sesión) en un contexto de opacidad.
En pocas palabras, no hubo metodología para decidir la ratificación o sustitución del titular de la ESFE. En un escenario con dichas características, por definición, lo que impera es —no sobra reiterarlo— la discrecionalidad política de los diputados.
Lo mismo ha sucedido con el Instituto Electoral de Querétaro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Información Gubernamental y hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin importar de qué legislatura hablemos; todas se cargan hacia el lado de la decisión política cupular, abandonando por completo el aspecto de la idoneidad (conocimientos, capacidades técnicas, independencia, experiencia y antecedentes, compromiso, etcétera) para ocupar el cargo a través de reglas precisas, procedimientos abiertos y decisiones justificadas y sustentadas.
Volviendo con el caso de la ESFE, es de lamentar que la documentación relativa a la ratificación de Rafael Castillo no se encuentre accesible en la página de internet. Es obligación del Poder Legislativo publicar al menos la propuesta de los integrantes de la Junta de Concertación Política que fue votada por el Pleno, sin embargo, el documento ni siquiera está integrado en la Gaceta Legislativa.
Esto es el indicador más evidente de que la información se ha manejado con reserva y para revisión exclusiva de los propios diputados.
No es negativo en sí que los diputados ejerzan la facultad de elegir a los funcionarios públicos de los organismos autónomos; su naturaleza representativa les otorga la legitimidad para tomar decisiones colectivas vinculantes. El gran problema en este tema surge cuando no existen las reglas, los procedimientos, los mecanismos y la apertura que neutralicen las decisiones arbitrarias y los intereses particulares de los diputados, de sus partidos y hasta del gobierno u otro actor con poder político.
Pasará un rato para que la elección de los funcionarios por parte de los legisladores vuelva a la agenda pública de Querétaro. ¿Tendremos la próxima ocasión procesos de elección/designación predecibles, abiertos y transparentes que en verdad abonen a la legitimidad y confianza en los organismos autónomos?
Politólogo
