La madrugada del 18 de septiembre, un ciclista fue arrollado por un conductor de transporte público en la esquina de Periférico y Bordo de Xochiaca, en el Estado de México. Las consecuencias del accidente fueron fatales.
La víctima se llamaba Pablo Olvera. Tenía 60 años de edad. Su hermano Alberto accedió más tarde a testimonios rendidos por pasajeros de la unidad que indicaron que “el conductor de la combi se echó en reversa para rematar a Pablo”, tras de lo cual intentó darse a la fuga
Con apoyo de un grupo de pasajeros indignados, el chofer fue detenido, calles más adelante, por los tripulantes de una patrulla. Lo pusieron a disposición del ministerio público. Resultó ser un ciudadano de origen salvadoreño, con residencia legal en México.
Los hechos se dieron a las cinco de la mañana. Los familiares de Pablo no fueron informados de lo que había sucedido. Pasaron el día en medio de la ansiedad que una ausencia fuera de toda norma les provocaba.
Al caer la tarde, decidieron reportar la desaparición. El peregrinaje por las instancias de rigor fue penoso. Buscaron a Pablo por todos lados. No obtuvieron respuestas sobre su paradero.
Fue hasta las once de la noche cuando, a través de una aplicación móvil, Alberto descubrió que su hermano se hallaba en el forense. Lo tenían en calidad de desconocido, “pese a que portaba identificaciones con fotografía y domicilio: tanto su licencia de conducir como su tarjeta del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, Inapam”, explica Alberto.
Era otra de esas siniestras bienvenidas al paisaje de la procuración de justicia en México. Un paisaje en el que hay poco de espectacular, pero en el que todo está poblado por inconsistencias y faltas al debido proceso por parte de la fiscalía regional de Nezahualcóyotl, según acusa la familia Olvera.
El martirio se extendió desde el momento en el que acudieron a reconocer el cadáver, hasta que tuvieron que hacer los trámites para que el cuerpo fuera entregado. Las autoridades no los trataron como víctimas, sino como enemigos. La familia encontró toda clase de trabas para acceder a la carpeta de investigación (NEZ/NEZ/NZ1/062/263830/19/09).
Me escribió Alberto: “El caso de mi hermano es muy parecido al que describiste ayer en tu columna” (la historia de una madre de familia arrollada por un vehículo “pirata”; la manera en que un alud de irregularidades y documentos mal elaborados culminó con la liberación, tanto de la unidad involucrada en la muerte de esa persona, como del chofer involucrado en los hechos).
Dos días después del accidente, justo a la hora en que la familia velaba el cuerpo, se llevó a cabo la primera audiencia. Alberto asegura que ni los familiares ni su abogado fueron notificados de que esta iba a ocurrir. Supieron solo, horas más tarde, que el conductor del vehículo placas 595NZ023M había quedado en libertad.
Según Alberto, el ministerio público incurrió en una serie de omisiones. No solicitó los videos del C5/C4, por ejemplo. Pero entre el cúmulo de omisiones, esta es una de las más graves: “No integró los testimonios de pasajeros clave que venían a bordo del transporte”, explica Alberto.
Dos hermanas que viajaban en la unidad, Noemí y Keyla, fueron quienes avisaron a la policía que un hombre había sido atropellado. Las declaraciones de ambas señalan que sintieron un golpe y que, al ver el cuerpo en el piso, los pasajeros le gritaron al chofer que se detuviera.
“El chofer se bajó y revisó… me asomé y había una bicicleta, y el chofer se arrancó de nuevo, yo me pasé a los asientos de atrás y vi al sujeto tirado en medio de la combi y el tipo se jaló, se echó de reversa y se jaló, le dijimos que se detuviera y no quiso, hasta que llamé a emergencias y hasta que vimos a una patrulla fue que se detuvo”, dicta la declaración de Keyla.
Según el análisis del perito de tránsito terrestre Sergio Enrique León, las lesiones en el cuerpo de la víctima, así como los daños que presentan la bicicleta y la combi, “corroboran técnicamente las hipótesis desprendidas por las testigos presenciales de los hechos”: es decir, la unidad pasó encima del ciclista, cuando este se encontraba ya tendido.
“Ignoro si se trata de incompetencia o negligencia para investigar los hechos, o si todo esto se hizo de manera deliberada por corrupción”, dice Alberto.
A consecuencia de todo esto, la fiscalía anticorrupción abrió una carpeta en contra del ministerio público. Pero la familia tampoco ha tenido acceso a esta: solo tienen un muerto, y un montón de papeles que no alcanzan a explicar lo ocurrido.
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com
