Otra barbaridad jurídica

Miguel Carbonell

Se han escrito múltiples análisis sobre el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre. Se trata del llamado “decretazo” por medio del cual se clasifican como de “seguridad nacional” los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal, por lo que se instruye a todos los integrantes del gabinete a inobservar las normas legislativas en la materia y dar autorizaciones provisionales para que tales obras inicien sin demora, a reserva de que 12 meses después puedan acreditarse los requisitos legales y expedir entonces las autorizaciones definitivas. Se trataría de un mal chiste, si la cuestión no fuera tan delicada. Por eso es que todos los análisis sobre el decreto coinciden en su absoluta inconstitucionalidad e ilegalidad.

Supongo que a varios de los integrantes del gabinete les debe haber costado mucho estampar su firma refrendando el decreto. A unos porque son abogados y saben del despropósito que están avalando, como es el caso del secretario de Gobernación. A otros porque conocen las implicaciones negativas que el decretazo tiene para sus ámbitos competenciales, como la secretaria del Medio Ambiente o la de Economía.

Además de resultar violatorio de principios tan elementales como la jerarquía normativa y la necesaria subordinación de los actos ejecutivos a las leyes, el decretazo supone también una invasión de esferas a la competencia de las entidades federativas. 

Lo peor de todo es el absoluto desdén hacia la legalidad con el que ahora se conducen los asuntos del país. El decretazo hará más difícil la transparencia y la rendición de cuentas de las obras y proyectos de infraestructura, ya que ante solicitudes de acceso a la información se podrá invocar el argumento de la “seguridad nacional” para cerrar los archivos. 

Da pena ver lo pronto que se abandona, llegando al poder, la histórica bandera del combate a la corrupción. El decretazo parece ignorar que lo que México necesita es más rendición de cuentas, más transparencia y menos secretos oficiales, más sujeción a estándares internacionales y menos arreglos en lo oscurito.

Ojalá el decreto presidencial llegue a conocimiento de los tribunales y sean los jueces los que pongan orden en este desafortunado sainete. En una democracia el ejercicio del poder debe ser conforme a la ley, no conforme a designios personales que ignoran que tenemos un orden jurídico que hay que observar. O a lo mejor no es que lo ignoren, sino que deliberadamente deciden violarlo. Habría que recordarles, sobre todo a los secretarios de Estado, que en tres años habrá cambio en el poder y se analizarán con lupa sus actuaciones. Para todos será mejor que hayan ejercido sus cargos siempre con apego a la legalidad. No lo olviden. 

Investigador del IIJ-UNAM. 
@MiguelCarbonell

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