El fin de la emergencia sanitaria del SARS-Cov-2 (Covid-19) en México vuelve a poner en el ojo del huracán el papel del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la secretaria de Salud (doctor muerte), y de varios integrantes del Consejo de Salubridad General, del que él era vocero, por su responsabilidad en el manejo de la pandemia.
Del 3 al 10 de mayo hubo varias “coincidencias” en materia de la pandemia de Covid 19: curiosamente (el 3) el Conacyt declaró tener lista la vacuna Patria, aunque sin la autorización de la Cofepris y de la OMS para su aplicación; (el 5) la Organización Mundial de la Salud dio por concluida la emergencia por la pandemia de Covid 19; (el 9) México declaró el fin de la emergencia por la pandemia; y, (el 10) un juez ordenó investigar a López-Gatell por su presunta negligencia y el posible indebido ejercicio de la función pública.
Pese a los muchos y oportunos señalamientos de autoridades nacionales e internacionales sobre evidentes errores en el manejo de la pandemia: la acelerada tasa de contagios y muertes, la negativa a aplicar medidas preventivas, la manipulación y el subregistro de víctimas, los cuestionables experimentos “médicos” que sustituyeron tratamientos probados por “alternativos”, la alta mortalidad de médicos y enfermeras, la contratación innecesaria de médicos cubanos —que se dedicaron al turismo social y a la propaganda política—, etc.; López Gatell no cambió un ápice su “estrategia”.
El fin de la emergencia mundial nos permitió saber que 7 millones de personas murieron por Covid, pero no saber por qué 800 mil mexicanos murieron (11.4% del total), cuando el techo de víctimas-posibles era de 60 mil.
El gobierno de la 4T es consciente de que aunque López Gatell y otros funcionarios públicos son prescindibles, abandonarlos pone en riesgo al presidente de la República. Por ello la Fiscalía General de la República, en diciembre de 2020, decidió abstenerse de investigar la denuncia presentada en su contra, por supuestamente “no existir hechos constitutivos de delito”.
Algunos consideran que el juicio a López Gatell debe evitarse porque podría impactar negativamente el proceso electoral de 2024, mientras que otros consideran que se evidenciaría el involucramiento de AMLO en decisiones como la omisión de actos de prevención (como desestimar el uso del cubre bocas o la aplicación de pruebas PCR); la carencia de medicinas, tratamientos médicos y equipamiento de hospitales, que llevaron a muchos a morir en sus casas.
Otros más consideran que el Presidente ganaría si logra eximir a su equipo de los cargos porque, de perder la elección presidencial, el reclamo social por los errores presidenciales: el alto índice de violencia, la desaparición de personas, los feminicidios, la impunidad del crimen organizado, la polarización del país, las escandalosas opacidad y corrupción de su gobierno y el despilfarro en obras faraónicas; podrían llevarlo a la cárcel.
Que un juez federal haya revocado la no acción penal y ordene a la FGR indagar cualquier posible omisión del doctor Hugo López Gatell durante la pandemia, obligará al gobierno obradorista a brindarle protección. Y, de paso, a golpear -una vez más- al Poder Judicial.
La ineficiencia de López Gatell constituye una conducta criminal porque las víctimas de sus errores —y los del Presidente— costaron vidas; por ello, llamarlo a rendir cuentas es una buena forma de hacer justicia a las víctimas y a sus familias.
Periodista y maestro en seguridad nacional
