Como se veía anunciando, la iniciativa de reforma electoral del ejecutivo Federal fue rechazada en el Pleno la Cámara de Diputados, en una votación con 269 votos a favor, 225 en contra y 1 abstención.

En la misma sesión, la diputada de Morena Graciela Sánchez Ortiz, entregó al presidente de la Mesa Directiva, una copia del “Plan B” del ejecutivo Federal con las propuestas de modificaciones a las leyes secundarias en esta materia. Tras una votación económica, se aprobó que esta iniciativa fuera discutida y votada en la misma sesión.

En una votación posterior, con 267 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones se aprobaron las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social, y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ambas serán turnadas a la Cámara de Senadores.

Es aquí donde el Senado, y Monreal, tienen la oportunidad de deslindarse de varias de las modificaciones legales en materia electoral.

Es el momento en que los senadores deben fijar las bases de un gran acuerdo nacional, entre todas las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas, para reconstruir la democracia, acabar con el autoritarismo y la polarización. Deben impulsar el diálogo para la reconciliación, ir más allá de lo meramente electoral. Es la oportunidad para recuperar la institucionalidad del país, el respeto a la Constitución y la división de poderes.

Este acuerdo nacional sería el antecedente de una alianza democrática que derive en la construcción de la gran coalición para gobernar que necesita nuestro país, de un proyecto común de nación, con un gobierno plural e incluyente y un Congreso que permita recuperar el Estado de Derecho.

En este contexto, es importante recordar el camino que se ha recorrido en el país para ir conformando una democracia fincada en instituciones sólidas y autónomas, y en el que el papel de la sociedad civil organizada ha tenido un papel primordial.

Por tal razón, entusiasmar con discursos populistas alejados de la realidad a algunos sectores de la población, contar con seguidores agresivos, acríticos e incondicionales, no exime a los servidores públicos de ser responsables y tener la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos y a las instituciones competentes.

En Washington, la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio, decidió recomendar al Departamento de Justicia imponer cargos penales a los instigadores del golpe. Trump no cumplió con su deber constitucional de defender a las instituciones.

El presidente de la República tendrá que cancelar su viaje a Perú para darle posesión de la presidencia de la Alianza del Pacífico, a Pedro Castillo, pues fue destituido por el Congreso de ese país y detenido por las autoridades.

En el 2005, dijo López Obrador “al diablo con sus instituciones”, hoy, es la forma de “gobierno”: sustituir el orden institucional vigente por otro de su propia inspiración.

Las instituciones son el patrimonio de la democracia, gracias a ellas funcionan las libertades y los derechos que conllevan. Cuando el gobernante impone su voluntad y el ciudadano queda a la deriva, está disminuyendo la democracia y es lo que está ocurriendo en México.

Los senadores tienen la oportunidad de defender esas instituciones, el presidente de la Junta de Poderes de la Cámara de Senadores expresó: “En la discusión de la reforma electoral, el Senado actuará no sólo con “prudencia”, con “sigilo” y sin “excesos” para “defender los intereses de la patria”, sino como un “contrapeso real de Poderes”.

Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador. @Chucho_RH