Acusaciones sin ningún sustento las del presidente de la República en contra de los impartidores de justicia del Poder Judicial Federal. Como era de esperarse, con la llegada de la nueva presidenta de la Corte, la “rebelde” de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, cambió el equilibrio en las relaciones entre los titulares de ambos Poderes; desapareció la vergonzosa subordinación a la que se sometió Arturo Zaldivar Lelo Delarrea, ex presidente de la SCJN, quien por cobardía debilitó la autonomía del Poder Judicial, sometiéndose a la potestad de AMLO.

La ministra Norma Piña, simplemente pide respeto y trato igual, entre titulares de Poderes; respeto a la autonomía en el ámbito jurisdiccional, cumplimiento al Estado de Derecho. Sin injerencias perniciosas en agravio de la impartición de justicia, nunca las ideologías por encima de la justicia.

El Presidente aseguró que, desde la llegada de la ministra como presidenta de la Corte, aumentaron los actos ilegales e injustos en la SCJN. Imputación falsa. También dijo que aportará las pruebas para demostrar su aserto. Olvida López Obrador, que las supuestas injusticias deben probarse y que, todos los aspectos procesales en la aplicación de la justicia, deben estar debidamente fundados y motivados. No es culpa de las autoridades judiciales liberar detenidos si los fiscales no elementan bien sus carpetas de investigación y sin mayores motivaciones (pruebas) y deficientes actos en la cadena de custodia de las pruebas, los jueces se ven obligados a decretar libertades por falta de elementos para sujetar a proceso penal a los consignados por los ministerios públicos.

Frente a las torpezas procesales de las policías ministeriales y fiscales, por cierto, ámbitos fuera de la competencia constitucional del presidente López, éste culpa a la ministra y demás autoridades del Poder Judicial Federal, calificándolos de corruptos. Habría que bordar sobre la ignorancia jurídica del presidente de la República, quien exige impere su criterio personalísimo en detrimento del marco constitucional y legal; frente a ello, los actos jurisdiccionales de jueces los tilda de corruptos.

Garrafal interpretación y aplicación del Estado de Derecho. Es más fácil “litigar” y desinformar mediáticamente, como AMLO acostumbra desde la tribuna mañanera, que actuar en el perfeccionamiento y capacitación de las autoridades que presidente López Obrador.

Analista legislativo. @HectorParraRgz

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