Hoy se realiza uno de los juicios más importantes y relevantes de los últimos tiempos, el juicio al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. 

Después del llamado “juicio del siglo” que se realizó al Chapo Guzmán, el proceso a García Luna es, sin duda, uno de los más llamativos para el público en general. No sólo por la posición que guardaba dicha persona en el organigrama nacional como cabeza de la estrategia de seguridad, sino también, por el alto nivel de corrupción que operaba en las altas esferas del poder. 

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, los especialistas afirman que hasta el momento, la fiscalía de Nueva York no ha mostrado evidencias contundentes, sólo testimonios de personas que, en su tiempo, estuvieron involucradas en el crimen organizado. Justamente esa es la defensa toral del exfuncionario, la ausencia de evidencias físicas o gráficas. 
Por el contrario, en el juicio se pretenden mostrar fotografías con personajes relevantes de la política norteamericana, así como diversos reconocimientos y condecoraciones que recibió de ese gobierno por su labor al frente de la policía nacional. Y es en este punto donde está el punto de quiebre del debate. ¿Hasta qué punto las autoridades de  Estados Unidos conocieron y tuvieron intervención en las acciones del acusado? 

En las últimas décadas, ha sido política oficial del gobierno norteamericano el delegar en las autoridades mexicanas el control del tráfico de droga y el combate al crimen organizado. No obstante, las estrategias implementadas han sido inútiles para ese fin. Desde la llamada “iniciativa Mérida”, hasta el operativo fallido “Rápido y Furioso”, el combate a las organizaciones criminales ha sido una serie de errores consecutivos. La mayoría de los expertos concuerdan en que el problema es binacional. Hay amplia evidencia de que los carteles se abastecen de armas llegadas del vecino país, pero sobre todo, del incremento que ha tenido la distribución de estupefacientes en el territorio americano. Pues como bien afirman los economistas: mientras haya demanda habrá oferta. 

Por eso, la idea de que García Luna actuaba solo y a escondidas parece, por decir menos, inverosímil. Su detención y posterior juicio sólo demuestran el grado de descomposición que han alcanzado las instituciones en nuestro país y también en el Norte. La corrupción llegó a niveles muy altos y las consecuencias fueron lamentables. Si bien de este lado, México tiene mucha responsabilidad por lo sucedido, también lo es que nuestros vecinos tuvieron algún grado de complicidad en los hechos. Si no, ¿Cómo se explica el reconocimiento y apoyo tan amplio que en su momento le brindaron? 

No obstante, lo de García Luna ya fue y ojalá se haga justicia. Lo que debe ahora  preocuparnos y ocuparnos es que situaciones similares no estén todavía sucediendo. Que quienes ocupan las posiciones estratégicas del gobierno, especialmente en seguridad, sean personas con profesionalismo y ética. Que realmente estén del lado de la población y comprometidos con erradicar las conductas criminales que tanto han dañado al país. 

El panorama no pinta nada bien,  los informes filtrados por el grupo Guacamaya demuestran que el crimen organizado se ha adentrado hasta el hueso en las instituciones. Es imperativo que el gobierno  comience por aceptar y combatir el problema. La estrategia de “abrazos y no balazos” no es aplicable a la situación que vivimos. Es imperativo erradicar la impunidad y poner un alto a la corrupción y la compra de voluntades. Sólo  así evitaremos   más casos como el de García Luna.