Opinión. El Plan B | Querétaro

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Opinión. El Plan B

Marcela Ávila-Eggleton

AMLO requiere de sus rémoras para sacar, al menos, la reforma descafeinada

Mucho se ha escrito y más se ha especulado sobre los efectos de las marchas del último mes (la del 13 de noviembre, en contra de la Reforma Electoral propuesta por el presidente López Obrador y su partido y, la segunda, convocada por el presidente para celebrar su llegada al poder en 2018). Más allá del poder de convocatoria, del número de participantes y de los detalles sobre su realización, resulta interesante analizar su impacto.

La marcha del domingo pasado mostró el poder de movilización del presidente, su partido, su movimiento y sus liderazgos. Sin embargo, en términos reales, el impacto ha pasado inadvertido. La marcha no sumó más partidarios al proyecto de la 4T ni tampoco incidirá en la popularidad del presidente ni en acciones específicas. Fue una expresión de su poder; nada más, pero nada menos.

En el caso de la marcha del 13 de noviembre mucho se ha cuestionado la participación de liderazgos partidistas y el impacto de la mucha o poca convocatoria de diversas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, lo que resulta claro es que elevó el costo de que los partidos que forman el bloque opositor decidan negociar —por la vía de la convicción o de la amenaza— una reforma electoral en los términos planteados por el presidente y su partido.

Sin embargo, en este caso, la posición del bloque opositor es lo de menos; la iniciativa difícilmente tendría la aprobación de los aliados —no tan incondicionales— de Morena: el PT y el PVEM. Ninguno de los dos estaría de acuerdo con una reforma que, de entrada, reduciría significativamente los recursos que reciben, así como su representación. Eso sin considerar los efectos que tendría en la equidad de la competencia y en sus posibilidades de acceso a cargos de representación o de gobierno con una institución electoral a las órdenes del presidente en turno. Las diferencias con estos dos aliados se evidenciaron ayer, cuando se pospuso la discusión en el pleno de la iniciativa de reforma electoral avalada el lunes en comisiones.

¿Por qué posponer su discusión en el pleno cuando es prácticamente un hecho que la reforma constitucional no será aprobada? Porque ante la negativa de la oposición a negociar, el presidente ha dictado la suprema instrucción de aplicar el llamado Plan B, esto es, una reforma a las leyes secundarias para la que no se requiere mayoría absoluta pero sí requiere de sus —no tan incondicionales— aliados. El PT y el PVEM han actuado, desde el inicio del sexenio, al más puro estilo de los partidos satélites del PRI; hasta ahora, acompañar a Morena los ha beneficiado sin asumir costo político alguno. Sin embargo, en un entorno donde su voto es indispensable, no sólo para reformas constitucionales sino también para la aprobación de leyes secundarias su valor se incrementa y, en esas condiciones, cobrarán caro su apoyo a un partido que, si bien les ha resultado sumamente rentable hasta ahora, amenaza con atentar contra su propia supervivencia.

Ninguna lealtad en política es para siempre y en las próximas horas Morena tendrá que convencer a sus otrora incondicionales de acompañar un nuevo capricho presidencial. López Obrador sabe bien que la actual correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados no le permitirá lograr su objetivo de hacerse del control del árbitro electoral, por ello, no puede darse el lujo de dejar su capricho sin cumplir y requiere de sus rémoras para sacar, al menos, la reforma descafeinada.

@maeggleton 

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