Uno de los derechos elementales para vivir en una democracia es el derecho de acceso a la información, el cual permite que todos los ciudadanos podamos conocer, entre otras cosas, qué hace el gobierno, cómo gasta los recursos públicos y las razones de sus decisiones. La transparencia o el “derecho a saber” nos permite formar una opinión sobre nuestros gobernantes; sin este derecho, cualquier acción para controlar el actuar gubernamental es tan difícil como caminar a oscuras.

El reconocimiento y la garantía de la transparencia fue uno de los grandes triunfos de la alternancia democrática, que se visibilizó notablemente con la creación del IFAI; prácticamente podemos decir que democracia y transparencia van de la mano. Bajo esta lógica es muy fácil sentenciar que el gobierno de López Obrador es un enemigo jurado de la transparencia y, por lo tanto, de la democracia. No hay precedente de un gobierno reciente que haya atacado tanto este derecho, como el que encabeza actualmente Morena.

El presidente no ha tenido empacho en ocultar su aversión a la transparencia y, para ello, ha mentido restándole importancia a este derecho. Incluso ha llegado a decir que fue un “invento neoliberal” para crear burocracia. Lo que no dice es que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia no implicó la creación de nuevas plazas, pues son los mismos funcionarios de todos los ámbitos de gobierno quienes tienen que cumplir con la transparencia, además de sus labores diarias.

La gota que derramó el vaso fue la publicación de un Decreto que consideraba de interés público y seguridad nacional diversos “proyectos prioritarios”, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos aledaños.

De acuerdo con la Ley, esto implica la reserva de la información; es decir, que no se puede hacer pública. Si consideramos que esos pocos proyectos concentran una cantidad muy abultada del gasto público de este sexenio, es fácil entender que como ciudadanos no podremos saber por un buen tiempo qué se hizo con esos recursos.

El INAI impugnó inmediatamente este Decreto vía controversia constitucional y recientemente la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos, lo declaró inconstitucional. Sin embargo, sólo unas horas después de la resolución el presidente volvió a publicar un Decreto muy parecido al que se invalidó. Su insistencia en ocultar la información de estos proyectos prioritarios sólo se explica porque ahí radiquen enormes actos de corrupción e incumplimiento con la Ley.

Pero además del ocultamiento de la información, lo más preocupante es que el presidente está fuera de control. Su rechazo y enojo contra cualquier forma de control institucional muestran que cada vez se comporta más como dictador.

En el cierre de su sexenio pretende dinamitar todas las instituciones para transformar la República en su propio imperio; el imperio de la opacidad. Por ello hoy más que nunca debemos actuar para impedir que esto se consolide; políticos y sociedad civil debemos actuar juntos para preservar la democracia.

El primer paso para curar un mal es reconocerlo; hay que empezar por hacer notar la dictadura a la que AMLO nos está llevando.