El proceso contra García Luna se interpreta como una especie de secuela del llamado “juicio del siglo” contra el Chapo Guzmán, que se resolvió con cadena perpetua contra el capo de la droga. Un exmiembro del cártel de Sinaloa dijo durante aquel proceso judicial que se había encargado  de entregar maletas a García Luna con al menos 6 millones de dólares en efectivo en 2005, 2006 y 2007. Fiscales estadounidenses acusan al exfuncionario mexicano de aceptar el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cártel de Guzmán introdujo en al vecino país del norte, entre 2001 y 2012. Según la Fiscalía Norteamericana, García Luna acordó no interferir en los envíos de droga, revelar información a los traficantes sobre operaciones de control, eliminar a miembros de cárteles rivales y colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder.

Pero, y todo esto, ¿qué significa? ¿Quiere decir que entonces el país cayó en corrupción de forma muy grave? ¿Es que acaso conspiró con el narcotráfico, perteneció continuamente a una organización criminal y emitió declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía americana en 2018?

Los 400 candidatos, seleccionados por sorteo, han tenido que rellenar cuestionarios sobre información básica de ellos: sus nombres, su etnia y sus profesiones, entre otros detalles que pueden influir en el veredicto. En Estados Unidos, el jurado decide al final del juicio si el acusado es culpable o inocente y si la fiscalía ha podido demostrar los delitos señalados más allá de una duda razonable. Más adelante, el juez dicta sentencia a partir de ese veredicto. García Luna enfrenta tres cargos por tráfico de cocaína, uno más por delincuencia organizada y otro por haber mentido en una declaración migratoria. De ser hallado responsable, puede enfrentar una condena de entre 10 años y cadena perpetua.

Me parece muy difícil pensar la fiscalía de Estados Unidos, en particular la de New York, funcionarios que persiguen e investigan el trafico de drogas, armen tantas carpetas de investigación, armen un juicio con las consecuencias políticas, jurídicas, inclusive diplomáticas, por la relación entre países, sino tuvieran los elementos suficientes. La justicia de Estados Unidos parece que alcanzó a García Luna, sería impensable creer o suponer, que todo este montaje de esta continuación del juicio del siglo terminara sin tener evidencias suficientes o contundentes en su contra, se apuesta difícil, no imposible, pero sí altamente improbable. Al tiempo.

Promoción de amparo

A partir  de ayer, está a disposición de los trabajadores de gobierno un amparo para pedir 90 días de paternidad, debido a que hace 10 meses presenté la llamada “Ley de Paternidad”, que busca incrementar de 5 a 90 días el permiso con goce de sueldo, a quienes se conviertan en padres de familia, ya sea por el nacimiento de su hijo o por adopción y que trabajen como servidores públicos en el ámbito estatal o municipal.

Este amparo se promoverá a través de su equipo jurídico, de manera gratuita y con total protección a los datos personales del trabajador, ante el Poder Judicial de la Federación.

En este contexto cabe recordar que en el Instituto Nacional Electoral ya se dio un caso de amparo ganado por un trabajador, que logró los 90 días de paternidad. Es un precedente.

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