El 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la reforma más importante de los últimos tiempos en materia de justicia. Con ello, comienzan poco menos de 4 años de un intenso trabajo de autoridades de todos los órdenes de gobierno para garantizar su implementación.

El proceso que vendrá no tiene precedentes en nuestro país. Quizás la experiencia más parecida haya sido la implementación del nuevo sistema de justicia penal, aunque el volumen de los asuntos en materia penal es mucho menor que los litigios en materia civil y familiar, por lo que la trascendencia de esta reforma es mucho mayor.

A partir de aquella experiencia es posible recuperar importantes aprendizajes para anticipar los retos que vendrán para garantizar que el nuevo sistema de justicia civil y familiar se implemente adecuadamente. El primero de ellos es el relativo a la formación de capacidades y el desarrollo de infraestructura de los Poderes Judiciales locales, lo cual implica la capacitación de las y los juzgadores actuales y la incorporación de nuevas y nuevos jueces.
También por ese punto pasa la construcción de nuevos juzgados y salas de audiencias orales, la adquisición de materiales y equipos que garanticen la adecuada implementación de la justicia digital. Estas necesidades nos llevan irremisiblemente al segundo reto que enfrentará la implementación: la dotación adecuada de recursos a los Poderes Judiciales locales.

A partir del siguiente ejercicio fiscal, desde el Congreso federal y los Congresos locales tendremos la responsabilidad de prever un incremento considerable de recursos para garantizar el capital humano y los medios materiales para hacer una realidad el nuevo sistema. Recientemente en la Cámara de Diputados se llevó a cabo una reunión con titulares de los poderes judiciales locales a efecto de escuchar sus necesidades para poder implementar esta y otras reformas pendientes en materia de justicia.

Un tercer reto de la implementación es la adecuada socialización y publicidad del Código y los efectos que traerá en la vida cotidiana de la sociedad. Uno de los grandes yerros en la implementación del sistema de justicia penal fue la falta de difusión adecuada de los alcances del nuevo sistema, lo cual ha facilitado que algunos actores políticos culpen directamente al sistema de los altos niveles de impunidad, cuando en realidad esto se debe a otros factores.

El nuevo Código contiene una gran cantidad de mecanismos para proteger a las mujeres, a las familias, a las personas con discapacidad y para brindar certeza jurídica al patrimonio de las personas. Con su plena entrada en vigor, tenemos la oportunidad histórica de cambiar la percepción de la ciudadanía y su relación con la justicia. En el momento político que vivimos, de ataques exacerbados al Poder Judicial, el nuevo Código será una prueba irrefutable de que lo que en realidad se requiere para mejorar el acceso a la justicia es voluntad para implementar la justicia a ras de piso, desde lo local.