Hace unos días, la Secretaría de Educación Pública comunicó que la tasa de abandono en la universidad había pasado de 8.8 en el ciclo escolar 2020-2021 a 8.1 en el 2021-2022. Esto, según el subsecretario de educación superior, Luciano Concheiro, “representó un descenso en niveles históricos” (Boletín 100). ¿Será verdad?
Que menos jóvenes sean excluidos de la universidad es valioso y hay que reconocerlo, pero, ¿acaso nunca habíamos tenido una disminución tan pronunciada como para calificarla de histórica? El Cuarto Informe de Gobierno de AMLO muestra que tuvimos un descenso en el abandono universitario de 1.1 de 2014 a 2015, es decir, un poco mayor al que ahora se reporta. Claro, no tuvimos una pandemia en ese tiempo, pero la reducción de siete décimas –importante como es– es menor que otras registradas en otros tiempos, por lo tanto, no puede ser considerado como un “descenso en niveles históricos”.
Además, en 2019, cuando fue declarada obligatoria la educación superior, la tasa de abandono escolar en la educación superior era de 7.9, es decir, había un poco menos de abandono en la universidad que ahora (8.1). Repito, estoy consciente de los efectos de la pandemia, pero también debemos recordar, siguiendo a Roberto Rodríguez, que este gobierno no cumplió con el mandato de establecer un fondo especial para asegurar la obligatoriedad en el Presupuesto de Egresos de la Federación, redujo “drásticamente” el presupuesto para las becas Elisa Acuña y recortó fondos al programa de expansión de la oferta (CampusMilenio, 10/11/22).
Pero la desigualdad no afecta a todos por igual y por lo tanto, los efectos de la pandemia deben matizarse. Mientras la tasa de abandono en la universidad para las mujeres se redujo en casi un punto porcentual al pasar de 7.2. a 6.3 de 2018 a 2021, para los hombres aumentó, en el mismo periodo, casi dos puntos al pasar de 9.6 a 11.4.
Armar y utilizar una narrativa en favor de los más pobres es una cosa, pero trabajar para efectivamente mejorar las condiciones de las personas en mayor desventaja es otra. En este sentido, una meta interesante que proponía el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 era aumentar el acceso a servicios escolares de las personas que vivían en un hogar económicamente más desfavorecido. ¿Qué resultados tenemos?
Mientras que en 2018, la tasa de escolarización de las personas que habitaban hogares dentro de los primeros cuatro deciles de ingreso económico era de 92.3, para 2020 este porcentaje bajó a 90.6. Hay, lamentablemente, una proporción menor de personas pobres en posibilidad de escolarizarse.
Si usted piensa que la pandemia “cae como anillo al dedo” para justificar lo que la 4T prometió y lo que ha logrado, tengamos en cuenta dos cosas: el ingreso económico no puede ser el único indicador de pobreza. Hay desigualdades “enlazadas”, y en función de esto, las posibilidades reales para escolarizarse varían por segmento poblacional.
En educación básica, por ejemplo, hay menos mujeres de hogares pobres yendo a la escuela, mientras que a nivel bachillerato la tasa de escolarización se mantuvo casi sin cambio, pero en educación superior, este indicador aumentó casi seis puntos porcentuales al pasar de 26 a 32% de 2018 a 2020.
La pandemia no “pegó” a todos por igual y puede ser que una política educativa (o la omisión de ésta) afecte más a unas poblaciones que a otras; abriendo aún más las brechas entre las y los mexicanos. Urge un esquema renovado de equidad y justicia educativa.
