La postura que ha tomado el Poder Judicial en esta nueva etapa de la historia de México ha sido decepcionante, pasando por el camino de la indignación y rayando en lo intolerable. El Poder Judicial se ha convertido en un adversario político de los otros poderes de la nación, al mismo tiempo que se asume como enemigo público del presidente Andrés Manuel López Obrador y del pueblo de México que tanto en 2018 como en 2021 le dieron su respaldo al partido movimiento, como legítimo representante de la voluntad popular.
Los atropellos por parte del Poder Judicial han hecho evidente su cercanía con los intereses de los integrantes del viejo régimen y su complicidad silenciosa con las élites empresariales tanto nacionales como extranjeras, su voluntad autoritaria buscó obstaculizar la defensa de la soberanía nacional al bloquear la entrada en vigor de la reforma eléctrica, la cual le permitía al Estado tener mayor porcentaje de participación en la generación de electricidad, sin que esto significara la ausencia de los privados en este mismo campo. Como este golpe han existido varios, la realidad es que la llegada de la Cuarta Transformación fue un suceso que generó más muecas que aplausos entre los jueces, magistrados y ministros que acostumbrados a la dádivas otorgadas a sus puestos, ven en el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador un peligro latente para sus intereses y opulente estilo de vida, por ello es que prácticamente desde el minuto uno del nuevo gobierno han llovido amparos para evitar que se subsane la deuda histórica que la clase política tiene con la ciudadanía, basta recordar sus esfuerzos por mantener en activo el proyecto para la construcción del aeropuerto de Texcoco o las suspensiones al Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otros atentados al bienestar común.
El último golpe a la democracia en México se dio con la invalidez al decreto de reforma político-electoral, el llamado Plan B. La finalidad de este decreto era brindar mayor fortaleza a los procesos democráticos que se llevan a cabo en nuestro país a través de la aplicación de una política de austeridad con el objetivo de priorizar el interés popular, por encima de las minorías que representan el aparato electoral que, dicho sea de paso, nunca logró brindar certeza sobre la legalidad y legitimidad de su actuar en cuanto a los diferentes comicios que organizó desde su nacimiento. Hoy no se puede esperar nada de dicho poder, es evidente que su participación en la vida pública nacional está ligada a lo más putrefacto del pasado que durante décadas hundió al país, por ello el plan C es la única alternativa para democratizar y purgar ese espacio donde lo más ruin del poder, ha encontrado un cobijo impune.
