Durante muchos años, la histórica oposición democrática de nuestro país denunció un fenómeno político bastante recurrente: en cada proceso electoral era evidente el uso de recursos públicos, personal administrativo del gobierno, y toda la estructura burocrática, para apoyar las candidaturas del partido gobernante. En aquellos tiempos se decía que los candidatos de la oposición no competían contra otros candidatos, sino contra todo el gobierno, por lo que se acuñó el término “elección de Estado” para referirse a esas condiciones de desigualdad en la competencia política.

Parece que el reloj ha vuelto 50 años atrás y que de un plumazo se han borrado varios de los logros históricos que implicó la transición democrática del año 2000, como la eliminación del uso de recursos públicos para promocionar la imagen de los gobernantes o a un partido político en particular. Todo México fue testigo de cómo el pasado  27 de noviembre el presidente de la República volcó todos los recursos del gobierno federal para promocionarse a sí mismo y realizar una marcha cuyo único fin fue ensalzar a él y alimentar su ego.

Las calles principales de la Ciudad de México se convirtieron en un enorme estacionamiento de autobuses durante todo el domingo; las plazas públicas en centros de canje de firmas en listas de asistencia a cambio de alimentos y “apoyos económicos” por acudir a la marcha. En la memoria social permanecerá siempre el descaro con el que se pagaba el acarreo de personas muy humildes y de escasos recursos; un acarreo al que ahora llaman “movilización”, como si el cambio de un concepto suavizara lo dantesco de la explotación gubernamental de las necesidades de los más marginados.

La “marcha del ego” fue tan evidente en su culto hacia López Obrador que terminó por diluir el que era su mensaje principal: apoyar la fallida reforma electoral del presidente. Se habló más de cuánto dinero se desperdició en esta marcha —hasta  mil 500 millones de pesos, según algunos—, que de la posibilidad de que alguna de las propuestas que presentó fueran respaldadas popularmente.

Esta marcha es diametralmente distinta a la que se realizó hace apenas dos semanas: espontánea, organizada por la ciudadanía libre, en donde se habló unánimemente de unir a México en torno a la protección de la democracia y del árbitro electoral. Es evidente que frente a este clamor popular no hay ninguna respuesta suficiente por parte del presidente, a quien ni siquiera su músculo movilizador le valió para mantener unida a la coalición electoral que lo llevó al poder, en torno a su iniciativa de reforma electoral.

Por ello, la semana entrante la mayoría morenista volverá a la carga con la pretensión de discutir la reforma electoral, que seguirá sin reunir el consenso político calificado que requiere para su aprobación.

Como en el asunto de las marchas, los diputados de oposición permaneceremos firmes frente al embate oficialista. Ellos podrán tener todos los recursos para hacer un acarreo de Estado, pero de este lado tenemos la confianza de la gente que quiere un México democrático y libre, y lo defenderemos hasta donde tope.