Querétaro es uno de los dos estados que “tienen los registros más incompletos” de información sobre cuerpos sin identificar en morgues y lugares en su territorio, advierte el informe “La crisis forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, publicado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
De acuerdo con el documento —50 cuartillas—, pese a que se solicitó información a las autoridades para conocer el número de personas fallecidas “no identificadas”, la ubicación de cuerpos, cadáveres u osamentas, y más datos forenses relacionados con el incremento en la violencia desde 2006, solo se proporcionaron datos de 2016 a la fecha.
En total 74 colectivos y movimientos en la búsqueda de personas desaparecidas alrededor del país (en los 32 estados) hicieron un trabajo y esfuerzo de meses con base en solicitudes de información pública, pero solo constataron la opacidad, los obstáculos, la incapacidad, la falta de datos o recursos para hacer frente a una problemática social que vulnera a la población del país desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
“La principal vía de información fueron las solicitudes enviadas a todos los servicios periciales y médicos forenses adscritos a las distintas fiscalías o procuradurías, poderes ejecutivos o judiciales, institutos forenses y tribunales superiores de justicia. La solicitud se hizo llegar a los 32 estados y el Centro Médico Forense Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)”.
Además, se les envió un cuestionario con 10 preguntas que buscaban conocer información “clave” relacionada con dos rubros: el registro anual de cuerpos, cadáveres y osamentas de personas fallecidas no identificadas, así como las “capacidades” de los servicios médicos forenses en cada entidad “para conservar, analizar y avanzar en los procesos de identificación de los cuerpos, cadáveres y osamentas que mantienen bajo su jurisdicción”, se detalla en el apartado de la metodología.
Sin embargo, los hallazgos y las respuestas no abonaron a la transparencia: “Mientras que la mayoría de servicios entregaron la información completa, otros solo lo hicieron de manera parcial y algunos se negaron a hacerlo (…)
“Los argumentos fueron varios: la ausencia de registros de administraciones gubernamentales anteriores; hay datos que consideraron como no esenciales para el funcionamiento de los servicios forenses y por lo tanto no se lleva control estadístico de ello; se clasificó como información reservada o confidencial; o argumentaron no ser responsables de la gestión de la información”, se lee en la página 28 del informe.
Este último supuesto corresponde a la “respuesta” de la autoridad de Querétaro: “este sujeto obligado no es depositario de la información que se suministra a dicha herramienta”, lo que motivó la elaboración de un recurso de revisión por parte de las personas solicitantes.
Si bien las autoridades de Querétaro fueron uno de los 25 sujetos obligados que respondieron el cuestionario, en contraste contribuyeron a ser uno de los 13 estados en donde se interpusieron recursos de revisión (2019-2020) por la ausencia de información proporcionada en las solicitudes o el cuestionario.
El dato de 243 personas fallecidas “sin identificar” de Querétaro, que lo ubica como el quinto estado con menos ‘aporta’ al total de 52 mil 4 personas fallecidas “sin identificar” en México, hay que interpretarlo con reservas y asteriscos, principalmente por la opacidad, la falta de transparencia y que tanto los gobiernos de José Calzada como Francisco Domínguez han buscado ocultar o minimizar el problema de desapariciones.
Periodista y profesor de la UAQ
