Así se expresó el auditor especial Agustín Caso Raphael, frente a los diputados federales que lo citaron para explicar aquello que jurídicamente está a cargo del Poder ejecutivo. La enorme diferencia sobre los daños y perjuicios causados al erario, por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. AMLO dijo tener otros datos; datos que debe plasmar en la respuesta al pliego de observaciones que le hizo llegar la ASF. Los diputados haciendo el trabajo “sucio” al Presidente de la República.

Agustín Caso dijo a los legisladores federales que no se retractaría sobre su auditoría, dado que está sustentada en 50 años de experiencia, en métodos reconocidos por organismos internacionales, por la Constitución y leyes mexicanas. En el caso, la auditoría es dinámica y data de 2014, hasta 2019; la cancelación total no ha concluido, no estamos ante un hecho cerrado y pagado, el escenario jurídico y financiero puede cerrarse dentro de 26 años. El auditor dio una cátedra de auditoría a los ignorantes legisladores. Por eso la aberrante declaración de AMLO, cuando acusó de “tendenciosa a la auditoría de la ASF”. El auditor no se desdijo ante las gansteriles presiones de los legisladores federales. Defendió su metodología la que, por supuesto, ignoran los diputados. Les mencionó no solo los costos económicos, también los contables; no hay disyuntiva entre cifras buenas y malas. La metodología de López seguramente fue muy distinta, por eso la enorme diferencia de más de 200 mil millones de pesos. La cifra de la ASF asciende a 331 mil, 966 millones de pesos; mientras en abril de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirmó que la cancelación del aeropuerto alcanzaría los 100 mil millones de pesos, sin pruebas que lo justificara.

La presión mediática de AMLO es para intimidar a la ASF y cambie el resultado de la auditoría. López simplemente debe cumplir con la ley, responder las observaciones y hacer las aclaraciones, justificar con documentos y técnicamente, demostrar que la AFS se equivocó. Lo que no sería novedoso, es frecuente que la dependencia auditada aclare las llamadas “observaciones” y dejen de existir. De lo contrario debe instruirse proceso administrativo y penal, dada la responsabilidad de quienes causaron el daño al erario. En el caso, debe ser castigado el Presidente de la República por los daños y perjuicios causados por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El presidente solo reconoce un daño de 100 mil millones de pesos.


Analista legislativo. @HectorParraRgz

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