Durante los últimos días, en el contexto del proceso de renovación de la persona que habrá de ocupar la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos, se han comenzado a asomar viejos fantasmas tanto del pasado, como del presente. Esta convocatoria ha llamado la atención de medios de comunicación y de la ciudadanía, la razón estriba en que, al haber estado abierta la puerta —pese al poco tiempo entre la emisión y el cierre—, tuvo una afluencia importante.

Como ya es del conocimiento público, 18 personas manifestaron su intención de presidir la DDHQ, sin embargo, aún deben pasar por varios filtros como el cotejo documental, así que posiblemente la lista pudiera ser depurada y reducida. Posteriormente, los días 4, 8 y 9 de febrero los que resulten “idóneos” tendrán la posibilidad de exponer ante la Junta de Coordinación Política, su proyecto programático.

Cabe hacer mención que, de la JUCOPO, los 5 miembros son hombres, de los cuales, solo dos poseen título de licenciado en derecho. Este aspecto es importante destacar, pues si bien todos son representantes populares, la comprensión de un tema eminentemente especializado, hubiera requerido la atención de un análisis más profundo, pero es lo que habrá.

Ahora bien, al ser una decisión que depende estrictamente  de un criterio discrecional, y dada la conformación política de la actual legislatura donde el PAN por sí mismo es mayoría, se piensa entre la opinión pública que la decisión probablemente ni siquiera sea tomada dentro de la legislatura, por lo que algunos activistas han comenzado a hacer pronunciamientos sobre la importancia de no tener antecedentes de haber violentado derechos humanos o cumplir a cabalidad con el requisito de residencia.

Sobre la residencia, el presidente de la JUCOPO se pronunció al respecto, y fue enfático al señalar que, no iban a repetir el lamentable proceso que sufrió recientemente el IEEQ; aunque ese caso fue distinto, ya que la legislación aplicable era la electoral y no la civil en cuanto a la residencia efectiva de las personas que se encuentran desempeñando un cargo fuera de la entidad por cuestiones relacionadas a trabajo. Lo anterior, dado que una aspirante manifestó haber desempeñado funciones directivas en la Secretaría de Gobernación desde hace más de 3 años.

Paralelamente, activistas de la sociedad civil incrementan la efervescencia, en mi opinión muy personal, desde un mal llamado “debate” entre los aspirantes, puesto que los derechos humanos no están a debate, ni la renovación misma de un órgano constitucional autónomo. Al tiempo.

Twitter: carlosfcps / FB: Carlos Velázque

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