Algunos de los cambios realizados en la nueva Reforma Educativa, aprobada esta semana, se refieren a modificaciones al Artículo 3° de nuestra Constitución; entre otros, se señala la obligatoriedad de la educación hasta el nivel superior, así como inclusión, gratuidad, obligatoriedad y universalidad. Sin embargo, nada se conoce sobre el presupuesto que se asignará a tan elevados propósitos, por lo cual existe gran preocupación, sobre todo en las universidades públicas autónomas. También existe incertidumbre en todos los subsistemas públicos de instituciones de educación superior.

Las universidades públicas autónomas (UPA) no deben renunciar a su gran deber social, que es egresar profesionistas y posgraduados confiables para servir en su entorno regional, a México y al mundo, gracias a la sólida preparación recibida, con calidad y excelencia, así como a su inteligencia entrenada para la innovación y la generación de nuevos conocimientos que den respuesta a las necesidades de desarrollo de México y de un mundo competitivo, cada día más exigente. Las instituciones de educación superior públicas, a través de la educación de calidad que imparten, son y serán facilitadoras de la movilidad y progreso de la población, han de sostenerse como un medio eficaz para reducir la pobreza y mejorar las oportunidades para todos.

Las UPA deben conservar su atributo de autónomas, su derecho a administrarse y decidir sobre los mecanismos de ingreso y selección de alumnos, evaluación, permanencia, obligaciones de los estudiantes; respecto al personal académico, llevarán a cabo la selección (concursos por oposición), evaluación, permanencia y promoción; de manera apropiada, realizarán lo concerniente a su personal administrativo, acorde a sus requerimientos y con apego a los contratos colectivos.

La universidad autónoma pública llevará a cabo todo lo concerniente a la academia, planeación y superación, para posicionarse en los mejores lugares nacionales e internacionales por su calidad, producción científica, aportaciones tecnológicas, impulso a las artes y a la cultura en general, así como la difusión y divulgación del conocimiento.

La obligatoriedad deberá afirmarse en las leyes reglamentarias como la obligación del Estado para proporcionar un subsidio suficiente y oportuno a las universidades públicas autónomas, que haga viable el cumplimiento de la misión que tienen encomendada, para impartir educación superior de excelencia, realizar investigación y todas las demás actividades que le son propias.

Es necesario revisar lo que se entiende por gratuidad, la educación de excelencia tiene costos, habrá que precisar quién la financiará, cuál será la responsabilidad de los municipios, estados y federación.

Sobre la inclusión, será necesario establecer precisiones. Los alumnos que no cumplan los requerimientos de permanencia en la Universidad, podrán causar baja. Asimismo, la institución no estará obligada a aceptar a todos los estudiantes que lo requieran; la aceptación, permanencia y egreso estarán condicionados a los requisitos establecidos por ella misma, entre los que destacarán los de índole académica y presupuestal, las capacidades instaladas y las coberturas consideradas para cada programa de estudios de acuerdo a la pertinencia establecida.

De acuerdo a la publicación del ranking de Times Higher Education 2019, las tres mejores universidades del país son la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Todas ellas aparecen arriba del lugar mil mundial. La publicación otorga más peso a las calificaciones de las instituciones en los rubros de enseñanza, investigación y citaciones académicas, según detalla la metodología del ranking. Estamos orgullosos de nuestra Alma Mater, la UAQ.

Ex Rector de la UAQjalfredozg@yahoo.com.mxzepeda@uaq.mx

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